El problema del acoso escolar, pese a haber estado presente desde siempre en la sociedad, se ha caracterizado hasta hace poco por ser un fenómeno oculto, y no ha generado reacciones desde prácticamente ningún sector de la sociedad.

Muchos de los actos identificables como acoso escolar son a veces considerados parte de la experiencia escolar, una lección más de la escuela en la que el menor tiene que aprender a resistir, a hacerse respetar e incluso a devolver el golpe.

El acoso se caracteriza por una continuidad en el tiempo, pudiendo consistir en agresiones físicas, amenazas, vejaciones, coacciones, insultos o en el aislamiento de la víctima, siendo normal que el acoso sea el resultado del empleo de todas o de varias de estas modalidades, se caracteriza también por el deseo consciente de herir a otro. Todas las modalidades de acoso son actos agresivos en sentido amplio, ya físicos, verbales o psicológicos, aunque no toda agresión da lugar a acoso. Puede practicarse individualmente o en grupo, siendo esta última modalidad la más peligrosa, difumina la conciencia de responsabilidad individual en el colectivo y crea en la víctima un sentimiento de soledad.

La lucha contra el acoso escolar es un imperativo derivado del reconocimiento de los derechos humanos y de la necesidad de colocar el respeto de la dignidad de la persona como eje del Estado de Derecho. La Convención de Derechos del Niño establece que la educación debe estar encaminada al desarrollo de la personalidad, el respeto de los derechos humanos, el respeto de los padres y la propia identidad cultural y nacional, la vida responsable en una sociedad con espíritu de comprensión, paz, tolerancia e igualdad, y el respeto al medio ambiente natural (art. 29). La Constitución de 1978 declara como derechos fundamentales junto al derecho a la educación (art. 27), el derecho a la integridad física y moral (art. 15); el derecho a la libertad y a la seguridad (art. 17) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24). Por último el objetivo primero y fundamental de la educación, como refiere el Preámbulo de la LOGSE, es trasmitir los valores que hacen posible la vida en sociedad, singularmente el respeto a todos los derechos y libertades fundamentales, a los bienes jurídicos ajenos y los hábitos de convivencia democrática y de respeto mutuo y avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad.

EN ESTE marco normativo los expertos coinciden en que el primer nivel de lucha contra el acoso escolar debe estar liderado por el colegio, y que debe ser el primer destinatario de la puesta en conocimiento del problema. El abordaje debe ser conjunto, preventivo y preferentemente desde los niveles básicos de intervención: padres, profesores y comunidad escolar. En muchos casos la reacción dentro del centro es suficiente para tratar el problema: medidas sancionadoras internas, reflexión con el propio alumno y/o el grupo, reuniones con la familia, cambio de la organización de aula, etcétera.

No debe caerse en la tentación de sustraer el conflicto de su ámbito natural de resolución. La comunidad escolar es, en principio, la más capacitada para resolver el conflicto. Esta propuesta del castigo como método subsidiario y no principal de reacción frente al acoso ha sido asumido por la Recomendación nº 702 del Comité de Derechos del Niño de la ONU de septiembre de 2001 y el propio Defensor del Pueblo en su informe sobre violencia escolar: el maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria .

Pues bien, partiendo de estas premisas, el departamento de Psicología y Sociología de la Educación de la Uex, con la colaboración profesores, psicólogos y del autor de estas líneas, acomete un ambicioso proyecto, el estudio de este fenómeno y una propuesta de abordaje interdisciplinar del mismo, y que comienza el próximo día 19 de abril en la Facultad de Educación con unas jornadas en las que la participación de la Universidad, el sector educativo y la aportación de profesionales de la justicia de menores contribuirán a la apertura de un proceso de elaboración de propuestas de actuación como respuesta a este fenómeno que se extiende alarmantemente entre los jóvenes, y que empieza a afectar al profesorado.

Se trata pues de aunar esfuerzos entre todos los sectores implicados, y aportar ideas que doten a los profesionales de los recursos necesarios para afrontar, con cierta perspectiva de éxito, comportamientos que, cada vez más, son objeto de investigación en las Fiscalías de Menores, y resolverlos en el foro más adecuado.

El proceso judicial sanciona al agresor, sí, pero no es el instrumento adecuado para desterrar el acoso y la violencia de nuestros centros educativos, por ello la iniciativa descrita merece nuestro apoyo y el de la sociedad en general.

*Fiscal de la AP de Badajoz.

Doctor en Derecho