WEw l Gobierno ha perdido de nuevo otra oportunidad de enviar a los mercados y a las instituciones económicas un mensaje contundente. El plan de ahorro aprobado ayer por el Consejo de Ministros se puede calificar de raquítico: suprime 32 altos cargos y 29 empresas públicas (desaparecen 14, se fusionan otras 24 y se eliminan la mayoría de las fundaciones), es decir, un ahorro total de solo 16 millones de euros.

Esta partida se inscribe en el ahorro de lo que el Gobierno denomina plan de austeridad (26.000 millones hasta el 2013), que, a su vez, forma parte importante del ahorro total de 55.000 millones de euros en cuatro años para cumplir el objetivo de reducir el déficit hasta el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) desde el 11,2% actual.

El plan económico aprobado ayer es el mismo que estaba listo tres semanas atrás, con lo que el Ejecutivo, en contra de lo que se auguraba, no aprovechó los últimos ataques financieros o la rebaja del nivel de solvencia de la deuda para endurecer las medidas. El Gobierno sigue pensando que España solo sufre las consecuencias de la crisis griega y que la especulación no responde a problemas específicos de la economía española. Sin embargo, el Banco de España o la Comisión Europea no creen lo mismo y por eso esperaban una mayor concreción de las medidas de ahorro e incluso que el Ejecutivo fuera más allá en sus previsiones. Ambos organismos consideran que el Gobierno basa la recuperación económica en previsiones de crecimiento demasiado optimistas y, en consecuencia, desconfían de que cumpla sus promesas de reducir el déficit al 3% en el 2013.

Como mensaje hacia el exterior, el ahorro aprobado en la Administración ha resultado, pues, fallido. Otra cosa es que la intención gubernamental fuera enviar un mensaje interno a los funcionarios, en el sentido de prepararles para una congelación salarial el año próximo, con el argumento de que la Administración empieza el adelgazamiento con la supresión de altos cargos y de empresas públicas.

El Gobierno se resiste a aceptar que habrá de congelar los sueldos de los funcionarios. Cuando el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, cometió la temeridad de insinuarlo, fue inmediatamente desautorizado. Sin embargo, la realidad de la crisis es tozuda y el Gobierno no tendrá más remedio que optar por la congelación si quiere ahorrar de verdad. Quizá ya ha dado el primer paso.