Ingeniero
La campaña electoral de las presentes elecciones promete ser larga e intensa, desde luego con tiempo más que suficiente para que los distintos partidos políticos expongan programas y aclaren las dudas que puedan suscitar éstos.
Quisiéramos creer que en esta muy querida España nuestra se ha superado el desolador paisaje cainita de otras épocas y aunque todavía distemos mucho de las unanimidades que se dan en otras democracias europeas como Francia, Reino Unido o Alemania en los aspectos esenciales, la intención de avanzar en la dirección de la configuración del Estado existe a pesar de los obstáculos de fondo y coyuntura, paradójicamente a veces peores los segundos que los primeros. Algún día nuestro himno nacional se escuchara con respeto en cualquier parte del Estado y los metros de tela de nuestra bandera no serán objeto de polémica, porque nadie se esconderá tras ella, pero tampoco nadie le faltara el respecto en ningún sitio de España, ya que representará a todos los españoles, que somos muchos, diversos y de opiniones diferentes.
En esta compleja tarea de vertebración de las estructuras territoriales se ha puesto a trabajar el PSOE, buscando unos básicos elementos definitorios que impidan las progresivas derivas nacionalistas hacia una clara secesión. Buscando modelos con cierta homogeneidad, que posibiliten el buen funcionamiento de las instituciones. La idea es magnífica pero suscita algunas dudas que requieren aclaraciones, tal es el caso de la creación de las Agencias Tributarias de las CCAA o la conversión de los Tribunales Superiores de Justicia en la última instancia judicial de cada autonomía.
No debe haber duda razonable de que es lo lógico que todos los tributos propios o cedidos a las CCAA sean plenamente gestionados por éstas, y ello incluye cobro e inspección, lo que implica la creación de un órgano administrativo que cumpla este cometido, en definitiva, una Agencia Tributaria. El problema surge si la explicación se queda ahí, y no se aclara la situación en que quedan los organismos nacionales con responsabilidades en la gestión tributaria. Más calado aún tiene definir la relación tributaria entre el gobierno central y las CCAA y saber si ésta va a tener un carácter concertado como el vasco y navarro o va a ser de distinta naturaleza. Y en todo caso garantizar la financiación de las estructuras centrales del Estado para que pueda desarrollar las competencias propias e inherentes a la soberanía del mismo.
Igualmente es de alabar la reforma en profundidad que se pretende, al subir el techo competencial de los Tribunales Superiores de Justicia, para convertirlos en última instancia judicial, y que ello redundará en la disminución de la desesperante lentitud de la justicia. Pero surgen dudas sobre las funciones del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional. Por otro lado, hay delitos y delitos. Repárese tan solo en lo que significaron en su día Rumasa y Banesto.
La estrategia del PSOE es correcta y la dirección atinada. De lo que se trata en definitiva es de aliviar la fuerte presión que los nacionalistas y otras fuerzas que se comportan como tales ejercen sobre las estructuras centrales del Estado. La generalización de las medidas va a evitar agravios comparativos, pero no hay que llamarse a engaño; en ningún caso va a satisfacer los deseos del nacionalismo soberanista; estos clara y llanamente buscan la independencia.
Crear un marco que libere tensión centrífuga obliga a reforzar los elementos de coordinación que relacionan los organismos centrales del Estado con los periféricos, a la vez que se potencian los símbolos que nos identifican a España y los españoles en el concierto internacional.
