La Ley de Convivencia y Ocio aprobada por la Asamblea de Extremadura acaba de entrar en vigor. A partir de ahora se faculta a la administración a sancionar a quienes beban alcohol en las calles, medida controvertida que convence a unos y critican otros.
La norma autonómica era un clamor y ya se han sentado las bases para, por un lado, evitar la ingesta masiva de alcohol por los jóvenes durante los fines de semana y, por otro, garantizar el derecho al descanso de los ciudadanos. Los segundos aplauden la entrada en vigor de la ley, ya que finalmente se les da la razón en cuanto a que no tienen por qué sufrir las molestias que hasta ahora venían padeciendo, tanto como consecuencia del ruido como por la suciedad que se genera en su entorno. En el caso de los jóvenes, son ahora los ayuntamientos los que han decidir si habilitan un lugar para que se siga celebrando el botellón lejos del casco urbano o si optan por dejar en manos de las fuerzas del orden la capacidad punitiva contra quienes contravengan la ley. La tesitura para los ayuntamientos es difícil y cualquier medida que se adopte a dos meses de las elecciones es bastante arriesgada. Pero la norma hay que aplicarla ya porque es ley y además cuenta con el respaldo de la mayoría de los extremeños.
