WEw l interés de la empresa rusa Lukoil por adquirir hasta un 30% de la compañía española Repsol ha supuesto un nuevo sobresalto en el ya de por sí agitado panorama económico de nuestro país. Dos razones, sobre otras, convierten en preocupante esa operación por la cual la inmobiliaria Sacyr Vallehermoso y Criteria, el hólding industrial de La Caixa, venderían su participación en la petrolera. En primer lugar, porque el de la energía es un sector estratégico en el que las decisiones empresariales afectan de forma directa al bienestar de los ciudadanos. Por eso los estados tratan de que el control de las compañías del sector queden en manos de empresarios o grupos nacionales; otra cosa se entiende como una merma de la soberanía. En segundo lugar por las características del hipotético nuevo socio. Y es que la irrupción del capitalismo ruso en la economía española se ve con recelo, puesto que Rusia es un país de fuera de la Unión Europea cuyo sistema de mercado no puede homologarse con el de aquí. Y ello es debido principalmente a que el poder político tiene muchísimo peso en las decisiones de las empresas después de un caótico proceso de privatizaciones tras la caída del mundo soviético, sin olvidar que la actual posición de Rusia es crecientemente beligerante contra el bloque de países socios de la OTAN.

En el otro lado de la balanza, el de las razones favorables a la operación, hay que valorar que, a diferencia de Gazprom, Lukoil es una empresa privada cuyo primer accionista, con un 20%, es una compañía estadounidense. Su entrada en Repsol supondría un fuerte desembolso que permitiría a Sacyr rebajar parcialmente su astronómica deuda de 18.000 millones de euros. La operación serviría, además, para que Repsol, que está tradicionalmente volcada en el mundo latinoamericano, se abriera a las posibilidades que da tener en su capital a la segunda empresa del mundo por volumen de reservas de hidrocarburos. El Gobierno debe valorar los pros y contras de esta operación, pero debe hacerlo con la prudencia que exige una economía libre, abierta y presente en un mercado globalizado. En este sentido, la vicepresidenta Fernández de la Vega se mostró ayer cautelosa, después de que el miércoles llegaran mensajes diferentes desde el Gobierno. Mientras el presidente, Rodríguez Zapatero, se mostraba aparentemente abierto a dar el plácet político a la operación y destacaba la presencia norteamericana en el accionariado de Lukoil, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se inclinaba por el veto, si bien la opinión de Sebastián no debe tenerse muy en cuenta puesto que ya dio su opinión favorable a la primera oferta de Gazprom y después tuvo que rectificar al escuchar a otros miembros del Gobierno.

Ahora el Ejecutivo parece jugar con el delicado equilibrio de mantener el control de Repsol en manos españolas para garantizar un plan industrial que garantice el correcto suministro energético, pero sin intervenir en un negocio de empresas privadas. Sin duda se trata de un dilema que dará mucho juego en días venideros.