El ministro del Interior, José Antonio Alonso, pide que se amplíe el acceso a los datos personales de los españoles que hasta ahora permite la ley. Lo hace en el marco de la lucha contra el terrorismo y manifestando la disposición a buscar un amplio consenso político en el Congreso.

La legislación vigente ya da amplios poderes a la investigación policial en los archivos informáticos públicos --incluidos los de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el Banco de España-- para reprimir cualquier forma de financiación de las redes terroristas. Una cuestión distinta es la información personal gestionada por las empresas privadas, principalmente los bancos y sus filiales, pero también decenas de organizaciones que no tienen ánimo de lucro y que disponen de datos que los ciudadanos aportan voluntariamente con la condición de que su uso sea restringido. Proponer un cambio en las leyes que permitan a la policía española traspasar los límites de la esfera de la intimidad no es admisible, aunque se quiera presentar como una necesidad de la seguridad pública. La legislación actual sobre protección de datos es suficiente y no puede presentarse como un obstáculo para la lucha contra el terrorismo.