Estoy viviendo de cerca un caso de acoso laboral. Es terrible ver cómo una persona, ejerciendo su jerarquía, intenta destruir a otra. Pero lo más grave es que cuando el acosado solicita información a sindicatos, asociaciones y abogados, estos no dan una respuesta inmediata. Los mecanismos de protección son muy lentos. Lo primero que te preguntan es: "¿Tiene usted pruebas?". El acosador y el maltratador, seres cobardes, se cuidan mucho de no dejar pruebas palpables, y la víctima, por falta de experiencia, no tiene la precaución de reunir esas pruebas. Los testigos, coartados por el miedo, en muchas ocasiones hacen la vista gorda o, simplemente, se lavan las manos. En la Administración existen miles de plazas de funcionarios interinos o con plaza provisional que están supeditados a la renovación del contrato, por lo que nadie ayuda al acosado. El problema repercute tanto en su vida laboral como en la personal. En resumen, el acosador queda impune en la mayoría de los casos. A veces le puede caer una sanción, y el acosado es trasladado de su puesto de trabajo. A la vista de este problema, me pregunto: ¿dónde están los derechos de los trabajadores? Nos envuelve una atmósfera de falta de solidaridad entre los compañeros de trabajo, e impera el sálvese quien pueda en esta selva en que se ha convertido el mundo. Hemos de exigir al Gobierno y a las autoridades judiciales que actúen con dureza ante estas acciones, que rayan en la delincuencia. Si la sociedad no condena las injusticias que se cometen, volveremos a tiempos pasados y habremos perdido derechos que con tanto sacrificio lograron las generaciones anteriores.

Josefa Gómez Silva **

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