Los expertos difieren en cuanto a la valoración de la ley del juego que fue impulsada por el Gobierno de Zapatero y que vio la luz con el Ejecutivo de Rajoy, con notables presiones de los lobis para asegurar, a través de autorizaciones administrativas, unos permisos ilimitados. La controvertida norma debería ser más restrictiva en la acreditación de empresas, lo que facilitaría un descenso de la oferta. Hay quienes opinan que se trata de una legislación equilibrada y garantista. Pero lo cierto es que contiene puntos negros pendientes de resolución. Por un lado, la implantación de un reglamento que regule la publicidad y que establezca límites claros en relación a la franja de horario en que se emite y para impedir que personajes famosos inciten al juego. Por otro -y este es uno de los problemas más acuciantes, visto el auge de las apuestas entre los jóvenes- que se impida de forma contundente a los menores acceder a los locales de apuestas o a los videojuegos y aplicaciones adictivas que promueven la ludopatía. Y, finalmente, corregir el agujero legal que favorece las restricciones, en casinos ‘on line’ o similares, a los jugadores que ganan continuadamente. Es responsabilidad de la administración establecer parámetros para que el juego sea una actividad responsable y controlada.