Los hechos acaecidos ayer en Don Benito, a las puertas de Feval, poco antes de la inauguración de Agroexpo, con enfrentamientos entre agricultores y fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional, requieren de una doble reflexión tanto en la forma como en el fondo. En primer lugar, no es de recibo que se produzcan estos hechos en los que se ven involucrados personas de bien que acuden a un acto debidamente autorizado para protestar por una cuestión que consideran injusta para sus intereses. Habrá que determinar si la actuación policial ha sido la correcta como indican desde la Delegación del Gobierno y si los hechos violentos han sido protagonizados como aseguran por un grupo de personas «que tenían totalmente organizado lo que iban a hacer», ya que en días previos habían llamado en las redes sociales a boicotear la celebración de la feria y «la desobediencia para evitar la inauguración oficial». No son frecuentes en Extremadura este tipo de incidentes, aunque los datos oficiales hablan de hasta 19 heridos, todos ellos leves, de los cuales 16 son agentes policiales y 3 participantes en la protesta.

En los tiempos de internet y de las redes sociales, los vídeos difundidos de una actuación policial, utilizando sus porras para alejar a los manifestantes, no dejan indiferente a nadie, por cuanto que se supone que no se trata de bandas organizadas que vienen a reventar un acto sino gente corriente que busca sus propios derechos. Una información fidedigna y rigurosa de los acontecimientos, que arroje luz sobre lo ocurrido, resulta la mejor medicina para combatir cualquier sombra de sospecha.

Apelando al fondo de la cuestión, la reflexión resulta obvia: el campo ha estallado ante una situación de la que se viene quejando de forma reiterada a lo largo de los últimos años a través de las organizaciones que los representan. Y es que la subida de costes en la producción no tiene nada que ver con el estancamiento de los precios en origen. Esta situación hace que el campo deje de ser rentable y lleve a la ruina a los empresarios, sobre todo a las pequeñas y medianas explotaciones que deben soportar los sobrecostes de semillas, abonos, etc. para luego no poder repercutirlos en los precios de venta de sus productos. Se calcula que solo en 2019 se ha producido una pérdida del 8,2% de la renta agraria en Extremadura.

Es cierto lo que se apunta desde el Ministerio de Agricultura, que ni la administración autonómica ni la nacional pueden fijar ningún precio, pero, como también han añadido, sí se pueden hacer una serie de medidas que permitan a la administración disminuir la volatilidad de los precios, lo cual está más de una vez sujeto al antojo y los intereses de las empresas intermediarias. Se supone que en el libre mercado no se puede marcar lo que deben valer unos u otros productos, pero habría que estudiar si quizá se pudieran fijar unos precios mínimos al menos.

La Extremadura rural, si quiere tener una oportunidad de futuro donde se fije población y se sostenga con renta, debe abordar esta cuestión y buscar una solución. Antes de que sea demasiado tarde.