TLtos PIR han generado en algunas ciudades fricciones entre la Administración autonómica y la municipal, producidas no sólo por el complicado encaje urbanístico de estos proyectos, sino principalmente por el diferente signo político de aquéllas.

Es una buena noticia la iniciativa de la Junta de Extremadura de firmar acuerdos con los ayuntamientos para coordinar estas actuaciones, las cuales, si están apoyadas por datos objetivos y guardan la debida coherencia con el planeamiento, justificarán convenientemente cada proyecto de interés regional que se redacte. Porque el objetivo para ambas administraciones debe ser el mismo: hacer realidad el acceso a una vivienda digna y asequible . Sólo la prevalencia de este derecho puede amparar el procedimiento y el lugar de ejecución.

Por esto, debe motivarse convenientemente que ese mismo resultado no puede conseguirse desde el planeamiento municipal, para que el PIR no suponga una suplantación innecesaria de un ámbito de planeamiento por otro. Un aspecto importante del obligado estudio económico que se incluye en el proyecto es que contenga la solvencia del promotor privado, con indicación de los medios de que dispone para dicha ejecución y sin que las garantías consistan en una mera declaración de intenciones. Tendrán que ser creíbles para responder debidamente del interés general que desarrollan.

El bajo coste del suelo debe tener reflejo en el precio tasado de las viviendas que, en mi opinión, han de ser todas sujetas a algún régimen de protección. Y esto debe ser así, entre otros motivos, porque el proyecto se beneficia de un procedimiento rápido que le ahorra al adjudicatario los trámites y gastos habituales de transformación de suelo no urbano a urbano.

De modo que hay que evitar que la actuación se convierta en una recalificación al servicio de intereses privados con la excusa de la vivienda protegida. La coordinación antes aludida debe servir también para buscar el lugar más idóneo, teniendo en cuenta las infraestructuras existentes y el crecimiento previsto de la ciudad, evitando que se generen bolsas de suelo rústico entre ésta y el ámbito del PIR, lo que, sin duda, produciría problemas de prestación de servicios públicos al ayuntamiento respectivo e incomodidades al residente.

Su elaboración tiene que coordinar la política de vivienda pública con criterios racionales de crecimiento urbano, por lo que se desarrollarán preferentemente en terrenos colindantes con la ciudad consolidada o en ejecución.

Por esto, el primer paso a dar es el de localizar estos suelos potencialmente aptos para construir viviendas protegidas previstas en el Plan Regional, pero sería deseable que el resultado, compuesto por varias opciones, se abriera más a la opinión ciudadana, dado que la ordenación del territorio necesita de mayor grado de legitimidad que otros actos administrativos.

*Ex gerente municipal de Urbanismo