Los obispos extremeños no van a pedir a los padres ni a los claustros de los colegios concertados que se nieguen a impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que empezará a impartirse en todos los centros sostenidos con fondos públicos a partir de septiembre y a los niños de tercer curso de la ESO. En razón de esa posición, y toda vez que los prelados de la región dejan a los padres la última palabra sobre la asignatura, los colegios religiosos están preparándose ya para impartirla. Los obispos extremeños, por tanto, no se han sumado a las posiciones más duras de la Conferencia Episcopal que reclamaban un boicot a la asignatura, si bien la opinión que tienen respecto a ella es que supone "una imposición moral", tal como la califica el delegado de Familia de la diócesis de Coria-Cáceres.
Desde un punto de vista, la posición de la iglesia en la región puede calificarse de prudente: plantear una especie de cruzada contra esta asignatura sería crear una tensión en las aulas de la que saldrían perjudicados, principalmente, los niños. De otra parte, algunos de los argumentos que esgrimen para que los padres se opongan a Educación para la Ciudadanía son perfectamente válidos para quienes, a su vez, se oponen a que la religión católica se imparta en las escuelas. Al fin y al cabo, en un Estado laico como el español, los no católicos podrían entender que enseñar catolicismo en el aula es también una especie de "imposición moral". Y es que no conduce a nada la discusión tal como la han planteado los obispos, porque descansa sobre el vacío, toda vez que los contenidos de la Educación para la Ciudadanía son impecables desde el punto de vista democrático y compartidos por la mayoría de los católicos.
