Casi cuatro meses después de ser aprobada por el Congreso, la mal llamada ley antidesahucios será impugnada por el PSOE ante el Tribunal Constitucional, según anunció el miércoles Alfredo Pérez Rubalcaba . Una decisión lógica, porque esa norma, cuya elaboración había suscitado muchas esperanzas, no ha dado una respuesta adecuada a una preocupación social de gran magnitud en España como es la pérdida de la propia vivienda por la imposibilidad de cumplir los términos para pagarla.
La iniciativa del PSOE, el único partido que por sí mismo puede acudir al Constitucional, era más que previsible desde que en el mes de abril la ley fuera aprobada en el Congreso solo con los votos del Partido Popular y sin incluir casi ninguna de las propuestas de la oposición ni de una iniciativa legislativa popular que obtuvo un millón y medio de firmas. La aparente predisposición inicial del partido del Gobierno --acuciado por el varapalo de la justicia europea a la legislación hipotecaria española-- a negociar quedó finalmente en casi nada. El resultado es que hoy quizá no hay tantas arbitrariedades como antes en el momento de desahuciar a quienes no pueden pagar la hipoteca, pero el de la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de nuestro país. A la espera de una legislación más razonable, el Constitucional --aun con un presidente cuestionado por su presunta incompatibilidad para ejercer el cargo-- debería revertir una norma muy poco útil y lacerante para muchas personas.
