Desde que el pasado día 2 saltara a las páginas de este periódico que varias decenas de vecinos de Puebla de Obando se sentían estafados por la actuación del responsable de la oficina de Banesto en esa localidad, este asunto no ha dejado de mantenerse en la agenda de la actualidad. Se han sucedido las denuncias, se han organizado los afectados en una plataforma y se ha pronunciado la entidad bancaria. Y también se ha sabido que el citado responsable de la entidad, Emilio D, había llevado a cabo operaciones no precisamente ortodoxas en otras poblaciones en las que había trabajado con anterioridad a Puebla de Obando.

Y es este uno de los extremos sobre los que hay que llamar la atención: ¿cómo es posible que Banesto, conociendo fehacientemente que uno de sus trabajadores no se había comportado según las normas que cabe practicar en un entidad bancaria de prestigio como de la que aquí se está hablando, no ha tomado las decisiones oportunas para que no se pudieran volver a repetir? ¿Cómo es posible que el mencionado empleado permaneciera en la entidad en funciones en las que tuviera posibilidad de llevar a cabo en Puebla de Obando operaciones como las que ya hizo en Alburquerque? Banesto debería dar una explicación a los afectados de Puebla. Pero no solo no lo ha hecho, sino que, siguiendo "un automatismo" --así lo ha denominado oficialmente Banesto-- ha enviado cartas a los presuntamente estafados en términos conminatorios e inaceptables de que paguen lo que deben o se verán en el juzgado, como si fueran ellos los culpables, y no las víctimas, de una actuación que, por el modus operandi y por el protagonista de la misma, debería haber levantado inmediatas sospechas en los órganos de inspección de la entidad.

Debería haber levantado inmediatas sospechas no ateniéndose a ningún antecedente, sino simplemente apelando al sentido común: basta saber qué tipo de personas son los clientes de una localidad como Puebla de Obando para saber que de ningún modo concuerdan con quienes piden varios préstamos o solicitan una cantidad ilógica de tarjetas de crédito.

Banesto, por otro lado, ha tenido la oportunidad de ponerse del lado de sus clientes, que son los que sostienen al banco, pero la ha desaprovechado: ha optado por la actitud corporativa, oscurantista, ofreciendo información mínima y no respondiendo abiertamente a ninguna de las preguntas cuyas respuestas merecen conocer los damnificados por este caso. Ha apuntalado la imagen de que los bancos --no éste; todos-- son empresas que tienden a entender a los clientes como rehenes de los que se obtiene beneficios.

Este asunto no ha hecho más que empezar su camino judicial. Es de esperar que Banesto, a partir de ahora, mude su actitud. Si ha habido ilegalidades por parte de uno o de varios, que las asuma quien las hubieran cometido, y que el banco se ponga del lado de los que las hubieran sufrido. Es lo que se espera de una entidad como Banesto. Que sea responsable.