Por segunda semana consecutiva un grupo de hosteleros de Cáceres ha infringido la norma que regula el horario de cierre de los bares de copas. Apelando a un presunto trato discriminatorio por parte del ayuntamiento, protagonizan un ´plante´ que, según las previsiones, tienen previsto prolongar de forma indefinida en tanto no se normalice la situación del ferial cacereño, una vez convertido en escenario alternativo al botellón tras la aprobación de la ley del ocio y convivencia de la Junta de Extremadura. Los hosteleros declarados en ´rebeldía´ han decidido hacer frente a las posibles sanciones y, a cambio, no renunciar a los beneficios económicos que puedan derivarse de su negativa a cerrar los establecimientos, contraviniendo así una orden que es igual para todos los extremeños. La postura de estos empresarios sólo debe interpretarse como lo que es: un pulso a la normativa legal vigente. Lo demás son justificaciones que caen al vacío. La propia ley posee suficientes resortes para frenar aquellas decisiones administrativas que se consideren injustas o arbitrarias y debe ser en este marco donde se busque la solución en cada caso. El desafío de los hosteleros no hace más que agravar un problema que, desde el propio gobierno local, no se ha sabido atajar a tiempo.
