La comunidad educativa extremeña está inmersa en un espinoso debate sobre la conflictividad escolar. Las agresiones a profesores que han trascendido públicamente en las últimas semanas suponen "hechos aislados" para unos y "la punta del iceberg" para otros. El último incidente, ocurrido en el instituto Norba Caesarina, en el que un alumno de 16 años que está en tratamiento psiquiátrico atacó a uno de sus profesores con un cuchillo, ha elevado, más si cabe, la chispa del debate. En este escenario, sería conveniente que no se transmitiera a la opinión pública el mensaje de que nuestras aulas son ingobernables y de que las agresiones a profesores por parte de estudiantes y familiares son el pan de cada día. Nada más lejos de la realidad. Por ello precisamente adquieren relevancia social sucesos execrables como los de Navalmoral, Villanueva o Cáceres, máxime cuando los representantes legítimos de los docentes, los sindicatos, insisten en denunciar públicamente que hay que poner freno a la creciente tensión en las aulas. Fernández Vara recalcó ayer que el suceso del Norba pudo haber ocurrido "en unos billares o en el cine". Es cierto. Pero tuvo lugar en un centro educativo público y por eso merece una consideración especial, de la misma forma que las agresiones a funcionarios públicos han pasado a tener un estatus jurídico singular al ser consideradas delitos y no faltas. Sería positivo que de todo lo ocurrido se extrajesen conclusiones y se adoptaran medidas. La máxima debe ser que ninguna agresión quede impune judicialmente, que se revise la situación de los alumnos con alteraciones psíquicas en los centros educativos y que nadie intente usar estos hechos como arma política.
