La decisión del Tribunal Constitucional de Portugal de anular algunas de los durísimos recortes puestos en marcha por el Gobierno conservador de Passos Coelho no es exclusivamente un asunto del país vecino. Porque lo que pone de manifiesto la sentencia es un choque entre la soberanía nacional portuguesa, representada por el alto tribunal, y las exigencias de la troika (UE, BCE y FMI) al Gobierno de Lisboa en el momento del rescate de la economía lusa.

Lo que ha venido a decir el TC portugués es que los ajustes del déficit público no pueden ser ejecutados por gobiernos angustiados a hachazo limpio y caiga quien caiga, por más que lo exijan Merkel , Draghi , Lagarde y el sursum corda. Y esa es una decisión que vale para cualquiera de los países rescatados y sometidos a un duro pressing por las autoridades comunitarias. El varapalo es, por supuesto, para el Gobierno del país, pero también para la irracional política de austeridad impuesta por la Europa del norte que ha llevado a portugueses, griegos, italianos y españoles a unos altísimos niveles de estéril sufrimiento.

La UE se basa en la cesión de soberanía por parte de los estados miembros a las instituciones comunitarias. Es un buen camino, el único, para alcanzar algún día el sueño de los Estados Unidos de Europa. Pero esa cesión de soberanía debe recibir como respuesta que las políticas que afectan a toda la Unión sean equilibradas, es decir, que no se hagan bajo el yugo de las economías más boyantes en contra de los intereses de los más débiles. El Tribunal Constitucional portugués ha dado un puñetazo en la mesa frente a un Gobierno que, aconsejado por la troika al grito de ±quien paga mandaO, ha quitado una extra a los funcionarios y a los pensionistas y ha rebajado los subsidios por desempleo y enfermedad.

La España que contiene el aliento ante cada comparecencia del comisario Olli Rehn, debería tomar nota de lo ocurrido en Lisboa este fin de semana. El ajuste del déficit es necesario, pero no puede hacerse por el camino tan sencillo como injusto de castigar a funcionarios y a pensionistas.