WAwl juez de la Audiencia Santiago Pedraz se le puede discutir la dudosa oportunidad de la fecha elegida para aceptar a trámite una querella contra siete funcionarios chinos --civiles y militares--, presentada por organizaciones que apoyan la causa tibetana, pero no que se haga cargo del asunto. El Código Penal español lo habilita para ello porque incluye el crimen de lesa humanidad, que ni prescribe ni tiene limitada su persecución al territorio nacional, y la presunta comisión de un delito de esa naturaleza es lo que invocan los querellantes, que en concreto son el Comité de Apoyo al Tibet, la Casa del Tibet y la asociación Thubten Wangcheg Sherpa. Tampoco es discutible la idoneidad de la jurisdicción a la que han recurrido los querellantes, porque es imposible que los tribunales chinos o el Tribunal Penal Internacional, no reconocido por China, puedan aceptar la causa. Otra cosa es que lo sucedido en el Tíbet el mes de marzo obedezca a un plan "sistemático y generalizado" de persecución de la población, como aseguran los querellantes, lo cual está lejos de haberse probado.

Sí es más que discutible que Pedraz haya puesto en marcha el procedimiento judicial tres días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Pekín, porque coloca en una situación evidentemente incómoda a la delegación gubernamental española que se ha desplazado a China y porque, se quiera o no, transmite la impresión de que el juez ha puesto el calendario al servicio de los querellantes. No se trata de exigir a los jueces que sean políticamente correctos, pero en nada hubiese peligrado la independencia de criterio de Pedraz si la admisión de la querella no hubiese coincidido con los fastos olímpicos. Que el ministro Moratinos diga que en nada importuna la Audiencia Nacional las relaciones con China no significa que la procesión no vaya por dentro.

El problema diplomático podría ser de envergadura, dado que Pedraz imputa en esta causa al actual ministro de Defensa de China, Lian Guanglie; al ministro de Seguridad del Estado y viceministro de Seguridad, Geng Huichang; al secretario del Partido Comunista chino en la Región Autónoma de Tíbet, Zhang Qingli; al miembro activo del Politburó en Pekín Wang Lequan; y al líder de la Comisión de Asuntos Etnicos, Li Dezhu.

Como también va por dentro la procesión de algunos deportistas obligados --ellos, sí-- a ser exageradamente correctos mediante la ley del silencio impuesta por el COI y los comités olímpicos nacionales, incluido el español, para que nadie hable de política y los Juegos se desarrollen dentro de una urna de cristal o armonía confuciana. Una cosa es respetar la carta olímpica y otra renunciar a la defensa de los derechos humanos, universales y sin adscripción ideológica, con o sin Juegos de por medio. El Gobierno ha dejado pasar una ocasión magnífica para guardar silencio y no sumar su voz a la de quienes creen que toda renuncia es poca con tal de dejar a salvo el negocio olímpico.