Filólogo
La Asamblea de Extremadura ha recibido estos días veinte mil firmas de ciudadanos extremeños solicitando la puesta en funcionamiento de la televisión autonómica, hartos de la negativa de ciertos políticos. Esas firmas hablan de las razones ciudadanas frente a los intereses de los partidos.
Y las razones ciudadanas no tienen que ver con la intriga empresarial que subyace en la refriega. La pugna empresarial mueve intereses inconfesables y lleva a la pertinaz negativa de los políticos populares, que al parecer y a la hora de redactar estas líneas siguen en las mismas, es decir, trabajando para fijar en el imaginario regional el estereotipo de que la televisión autonómica no la disfrutamos porque a ellos no les da la gana, amenazando, si se produce otro intento, con el cerrojazo, muy convencidos de tener a mano la traviesa y el peón que la coloque.
Como el interés empresarial no es confesable, se descuelgan con manipuladas galanuras y exigencias del código ético y deontológico de la Federación de la Prensa Española, los principios de igualdad, mérito y capacidad para el personal que se contrate, título universitario y cumplimiento de los fines de la televisión como servicio público que ha de satisfacer el interés ciudadano, contribuir al pluralismo informativo y a la extensión de la cultura, algo, como se sabe, de lo que dan ejemplo a diario en la televisión que dirigen en todo el país, nominada como modelo de manipulación en Europa y condenada en casa por mentirosa.
El abuso del argumento de la imprescindibilidad, a día de hoy, se ha vuelto biodegradable y está forzando salidas que seguirán envenenando el agua, pero no consigue, desgraciadamente, que quien dirige la resistencia, recobre el sentido común.
Ya está bien de añagazas y trágalas. Esas veinte mil firmas, más la del arriba firmante, exigen determinante respuesta a la demanda del pueblo extremeño.
