TLta Red Natura en Extremadura ocupa una superficie de 1,2 millones de hectáreas, un 30,2% del territorio de esta comunidad. Tal extensión de espacio protegido parece desmedida si tenemos en cuenta las restricciones y limitaciones que los planes de gestión que desarrollan esta figura europea de protección conllevan para el territorio sobre el que recaen, para sus habitantes, propietarios, residentes, empresarios y para las más diversas actividades. Pero, sobre todo, la situación se ve agravada por las carencias observadas en estas normas.

Cierto es que Extremadura dispone de instrumentos de gestión para toda la superficie incluida en Red Natura 2000, pero la realidad es que la mayor parte de ellos no identifican los mecanismos para costear las medidas que planten ni hacen una valoración económica adecuada. En definitiva, no cuentan con una memoria económica y un presupuesto para su correcta financiación, pese a lo que establecen la UE y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que se ha pronunciado en repetidas ocasiones a favor de que se aprueben las pertinentes partidas presupuestarias.

Este hecho se traduce en una ausencia de compensaciones y oportunidades para los afectados a quienes, teniendo en estos territorios derechos consolidados, se les priva de ellos, y les obliga, con demasiada frecuencia, a acudir a los tribunales con el consiguiente gasto económico, de esfuerzo y tiempo

Es evidente que el primer coste de la conservación ha de ser el de compensar e indemnizar a aquellos que, en beneficio de toda la sociedad, ven restringidos hasta límites inimaginables el uso de sus propiedades y sus derechos como dueños. Las limitaciones y prohibiciones que supone el desarrollo de Red Natura afectan a la agricultura, ganadería, actividades forestales, investigación, mejora y apertura de nuevas carreteras y caminos, vallado de fincas, caza, talas, acondicionamiento y mejora de edificaciones, instalación de telefonía, antenas, actividades turísticas y a un largo etcétera.

XPERO NINGUNAx de estas restricciones es compensada, obligando a las personas afectadas, propietarios, empresas o incluso a los ayuntamientos a sostener con su patrimonio particular los costes del interés público de preservar la naturaleza. Sin duda, una expropiación encubierta.

En este sentido, la Comisión Europea ha apremiado a España para que aplique correctamente la Directiva Hábitat. No obstante, la Red Natura se ha utilizado, en gran medida, para la mera captación y reparto de fondos europeos entre el mundo conservacionista, así como para el control de los ciudadanos y la intervención de la propiedad por parte de la Administración. Además, las prisas con las que se han redactado estos planes de gestión han derivado en una falta de racionalidad y rigor en su propuesta, con objetivos de conservación vagos y medidas de protección sin justificación científico-técnica, que generan inseguridad jurídica a los afectados.

En la actualidad, ya existe un procedimiento de infracción contra España derivado de incumplimientos en la aprobación y desarrollo de esta figura de protección, así como de la presentación de un número importante de peticiones de particulares al Parlamento y Comisión Europea, que denuncian, entre otras deficiencias, la falta de mecanismos adecuados para su correcta financiación. Surgen voces de protesta que nadie parece oír desde toda España.

Con más de 20 años de experiencia en materia medioambiental, considero que la Red Natura en España es desmesurada, está poco justificada y supone para los territorios y poblaciones a los que afecta un lastre para su desarrollo, propiciando su despoblación. Quienes nos dedicamos profesionalmente desde el mundo de la abogacía a trabajar en asuntos relacionados con la creación de esta red en España, su gestión y los efectos y consecuencias para el ciudadano, no tenemos una visión tan positiva de la misma.