El domingo pasado, 28 de los 61 controladores del turno de mañana del aeropuerto barcelonés de El Prat faltaron al trabajo. Ayer se ausentaron 18 por la mañana y 21 por la tarde. Todos estaban de baja laboral, igual que ocurre desde hace más de un mes, por turnos, en Canarias, Madrid, Sevilla y Girona, cuyo aeropuerto tuvo que cerrar el viernes una hora y media por esta misma causa. En principio, y como no puede ser de otro modo, todo el mundo tiene derecho a ponerse enfermo y a que esa enfermedad tenga una protección y un seguimiento médicos, pero las circunstancias que concurren en estas bajas masivas y tan sucesivas que parecen organizadas autorizan, como mínimo, a sospechar que se trata de una maniobra que obedece a un plan preconcebido por el colectivo de controladores.

La primera circunstancia que invita a pensar en la acción concertada es que en estos momentos se está discutiendo el convenio colectivo del sector. La segunda circunstancia es que los controladores y el Ministerio de Fomento mantienen un pulso desde que en febrero el ministro del ramo, José Blanco, desveló los escandalosos sueldos del colectivo, una media de 350.000 euros anuales, muy superiores a los del resto de Europa. El ministerio rebajó los sueldos por decreto (unos 150.000 euros) mediante la ampliación de la jornada, puesto que buena parte del mismo, y uno de los orígenes de que se dispararan las nóminas, correspondía al pago de horas extraordinarias.

Con estos antecedentes, ¿quién puede creer al sindicato que los agrupa, que niega que las bajas tengan que ver con la negociación del convenio o que sean una venganza por la rebaja de los salarios? El sindicato USCA atribuye las bajas al "exceso de trabajo" debido a los cambios organizativos llevados a cabo, lo que provoca "ansiedad, arritmias e incluso depresión". Sin embargo, la empresa, AENA, denuncia que las bajas se comunican sin tiempo suficiente para buscar sustitutos, lo que abonaría la tesis de que pretenden entorpecer el tráfico aéreo. De hecho, ha habido ya retrasos en varios aeropuertos del arco mediterráneo, entre ellos Barcelona, Palma, Valencia y Alicante.

Las bajas, sin embargo, han sido concedidas por médicos, por lo que Blanco ha hecho bien en ordenar que sean inspeccionadas por la Seguridad Social. Más discutible es el anuncio de la intervención de la fiscalía, decisión que es difícil de instrumentar si no se observa una clara ilegalidad. En todo caso, cualquier medida que busque impedir el caos aéreo este verano seguro que tendrá el apoyo de la opinión pública, como lo tuvo en su momento la rebaja de unos sueldos de escándalo en plena crisis económica.