WEw l paro de empresarios autónomos del transporte parece encaminado hacia su final a escala nacional, después de que quedara de manifiesto que solo una minoría, inferior al 20% del sector, sigue en sus trece tras el acuerdo alcanzado la noche del miércoles por el Gobierno central con las asociaciones mayoritarias. En Extremadura, sin embargo, está por ver la evolución de la huelga, aunque lo lógico sería que los transportistas, que están entre los más críticos del país, se avinieran a razones y se unieran a la tendencia estatal. Y también parece tocar a su fin el paro por la decidida y, para algunos, tardía actuación del Gobierno que ha impedido la acción de los piquetes que han complicado la circulación por carretera y el abastecimiento de productos básicos. Tanto los protagonistas de la protesta --que tenían motivos objetivos para movilizarse-- como el Gobierno y el conjunto de la sociedad deberían abrir ahora un debate sobre quién tiene que correr con los costes de este conflicto. Esta es la clave a la vista de las reacciones de algunas empresas que ayer anunciaron, de manera tan sorpresiva como frívola, expedientes de regulación de empleo.

El Gobierno central han anunciado que mirarán con lupa esos expedientes, que parecen injustificados. No les faltan motivos para ello, porque es razonable sospechar que detrás de esas medidas está el intento de traspasar a la Seguridad Social --que es de todos-- los daños ocasionados por algunos, cuando no de pescar en río revuelto y aprovechar el clima generado por el conflicto para aligerar plantillas y estocs.

Los daños causados por la movilización de los transportistas han sido notables. Los han pagado, por ejemplo, muchos agricultores, a los que se les han estropeado los productos frescos; los ganaderos, que no han tenido el pienso a tiempo, y las fábricas, que han perdido producción por falta de piezas.

El paro, que aún sigue, ha evidenciado que un colectivo relativamente pequeño tiene la posibilidad de poner en jaque a todo un país. Los transportistas lo han hecho y se han extralimitado. Una movilización que contaba con la comprensión general, porque todos sabemos que el precio de los combustibles se ha disparado, ha acabado por convertirse en un chantaje no solo al Gobierno sino a todos los ciudadanos, convertidos en inesperados rehenes. A ello ha contribuido el miedo ante el desabastecimiento, que ha llevado a muchos a comprar más de lo que necesitaban. Los convocantes de los paros y sus seguidores deben asumir ahora las consecuencias de sus actos. Los paros se hacen en uso de derechos, pero asumiendo, obviamente, deberes y responsabilidades.