El primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Cáceres y concejal de IU, Santiago Pavón, ha trufado su posición contraria a que se construyan viviendas en el solar del colegio de Las Carmelitas, donde podría ir El Corte Inglés, con unas manifestaciones en las que hablaba de que hay promotores inmobiliarios que tienen información privilegiada sobre terrenos, añadiendo que algunos de ellos "han pasado por caja". Pavón apuntaba sin citarlo por su nombre a "un personaje", funcionario municipal, que "ha mangoneado" y "ha amasado una importante fortuna", por haber obligado a ´pasar por caja´ a los promotores a cambio de la información privilegiada.
El ciudadano Santiago Pavón tiene libertad para expresarse, con el único límite del Código Penal. Pero el concejal Pavón, por el hecho de serlo y representar a la ciudadanía en las instituciones municipales, debería tener en cuenta otros límites: los de la responsabilidad contraída con los vecinos. Y esos límites los marca el rigor. Un representante público no puede hacer imputaciones graves sin pruebas en la mano, a no ser que pretenda arrastrar por el suelo la representatividad que ostenta. Y tampoco puede hacer imputaciones graves sin indicar con toda exactitud a quién acusa. Pavón no ha presentado ni pruebas acusatorias ni acusados. Un funcionario municipal, sin embargo, se ha dado por aludido, y estudia llevar el asunto al fiscal; un grupo de promotores van por el mismo camino... Al final, cuál ha sido el resultado? ¿Ha contribuido Pavón con sus insinuaciones a mejorar la vida municipal? Los votantes exigen a sus representantes que solucionen problemas, no que los creen. El concejal Pavón no debería olvidarlo.
