Uno de los rasgos más preocupantes de la presidencia de Quim Torra es su total y absoluta falta de sentido institucional. Una muestra ha sido la manera como ha fintado para obviar la derrota sufrida en el Parlamento catalán, al que solo obedece cuando le conviene y que el pasado jueves le instó a convocar elecciones si no se somete a una cuestión de confianza. Y como lo fue el miércoles el intento de censurar en la Cámara a la jefa de la oposición, Inés Arrimadas, mientras tenía el uso de la palabra en la tribuna. En esa línea de falta de sentido institucional se entronca la creación de una Área de Seguridad Institucional que se hará cargo de la seguridad de Torra, de los ‘consellers’ y de los ‘expresidents’. Aunque la quieran equiparar a lo que existe en la Moncloa, en el Elíseo o en la Casa Blanca, lo cierto es que en el actual contexto la sospecha de que se trata de una especie de policía patriótica para afrontar nuevos episodios de unilateralidad en un futuro más o menos inmediato es más que razonable.

Si sus intenciones fueran nobles, la creación de esta unidad de élite no se hubiera hecho con nocturnidad y alevosía. Se hubiera podido pactar con el otro partido que gobierna en Cataluña, Esquerra, con el grupo parlamentario que votó la investidura de Torra, la CUP, y hasta con la oposición, porque lo lógico sería que la fórmula pudiera sobrevivir a la alternancia. Lejos de esta naturalidad, lo cierto es que el departamento de Presidencia puso en marcha el proyecto sin informar a los mandos de los Mossos, los candidatos son entrevistados por cargos de confianza política y no por funcionarios, y los primeros aspirantes que se conocen son agentes de la policía autonómica de público perfil independentista. No se busca, pues, racionalizar un servicio de escolta, sino crear un grupo de agentes armados que respondan a órdenes políticas y no a los mandos policiales que, justo estos días, están explicando en el Tribunal Supremo cómo se negaron a seguir al Gobierno catalán en octubre del 2017.

Una vez más, Torra trata de ocultar su debilidad política, puesta de relieve en el Parlamento autonómico, gesticulando y poniendo en riesgo la institucionalidad catalana para buscar que la reacción del Estado basada en el uso de los mecanismos constitucionales de defensa de la legalidad se pueda interpretar como un gesto represivo. Torra está en una cápsula cada día más pequeña y más reducida.