Principios o intereses. La ´realpolitik´ se ciñe a los segundos en la estela de lo dicho por el victoriano lord Palmerston para quien no había ni amigos ni enemigos, solo intereses. En la crisis del Sáhara, el Gobierno español ha justificado no condenar a Marruecos tras los graves incidentes registrados en El Aaiún en la defensa precisamente de los intereses de España, una condena que el martes solicitaron dos activistas españoles, uno de ellos el extremeño Javier Sopeña, que vivieron en sus propias carnes las cargas de las tropas marroquís. Pero además de los intereses comerciales y económicos que ambos países poseen, las relaciones con Marruecos tienen un carácter estratégico, ya que se mueven en torno a la seguridad, la lucha contra el terrorismo, los flujos migratorios y también el narcotráfico. Son cuestiones todas ellas de gran importancia para España. Pero no solo. Lo son también para Europa y, en este sentido, la posición española con relación a Marruecos no puede estar al margen de la política de la UE, que ha concedido al país magrebí el Estatuto Avanzado.

En su comparecencia de ayer en el Senado, la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, dijo que no se trata de condenar a Marruecos sin pruebas. Ciertamente, pero pedir la transparencia informativa repetidamente negada desde Rabat o una investigación sobre la muerte de un ciudadano español durante los incidentes no es ninguna condena. Es una exigencia mínima que debe hacer el Gobierno por encima de sus intereses.

Otra cuestión que sería conveniente aclarar en bien de las relaciones con Marruecos y de la solución definitiva del problema del Sáhara Occidental es la postura de España sobre el futuro de aquel territorio. Amplia autonomía dentro de Marruecos o autodeterminación. En el 2007, durante una visita a Rabat, Zapatero dio su apoyo a la primera al reconocer la inviabilidad de un Estado independiente que conlleva la segunda. Sin embargo, lo que se cita desde el Gobierno, como ayer mismo hizo la ministra, es la autodeterminación sabiendo que es la opción que tradicionalmente defendió el PSOE y siguen defendiendo buena parte de sus votantes.

Finalmente, que el Partido Popular se haya erigido en un combativo defensor de los derechos humanos del pueblo saharaui merecería todo el respeto si no se tratara de oportunismo descarado. Los populares se han olvidado ya de los saharauis y han convertido los incidentes en un problema de política interior para erosionar al Gobierno.