WEw l régimen de torsión permanente de las libertades fundamentales auspiciado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha cubierto otra etapa mediante la aprobación de una nueva ley orgánica de educación que reúne bastantes ingredientes de proselitismo ideológico. Aunque el Gobierno ha garantizado en varias ocasiones que la nueva norma no pretende ser un instrumento de adoctrinamiento político, la alarma de una parte significativa de la comunidad académica induce a pensar todo lo contrario. Y las críticas del partido de la oposición. Podemos, poco sospechoso de atender a los dictados de la derecha, lleva a abrigar sospechas en idéntico sentido.
El ataque a una docena de periodistas que en la calle repartían pasquines contra la ley no hace más que redoblar los temores, porque mientras el Gobierno lo ha condenado, la propaganda chavista no ha dejado de hostigar a aquellos medios, sea la que sea su orientación, que se oponen a la prédica presidencial. Es decir, el frente más activo de apoyo a Chávez es incapaz de demostrar que está dispuesto a aceptar una regla elemental de la democracia: el derecho de los discrepantes a opinar sin cortapisas.
De nuevo el riesgo de división social está en la calle, y el de enfrentamiento político, también. La decisión de los diputados de la oposición en la Asamblea Nacional de abandonar los debates antes de que se aprobara la ley así lo atestigua, aunque desde el Gobierno se insista en la aprobación por unanimidad. Tal insistencia pretende transmitir la imagen de un país agrupado sin fisuras trás su presidente, algo que tiene poco que ver con la normalidad democrática.
