La víspera de que se levante parte del secreto del sumario del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, Mariano Rajoy renovó ayer su apoyo y confianza en el presidente valenciano, Francisco Camps, del que dijo que tiene libertad para actuar en los términos que considere oportunos. Es como si Camps no tuviera nada que ver con los indicios de financiación ilegal del PP en Valencia contenidos en un demoledor informe de la policía. Da la impresión de que la dirección nacional del PP se dará por satisfecha si Camps prescinde de algún estrecho colaborador o incluso que se conformará si ni siquiera hace eso. Desde que estalló el caso, la estrategia del PP se ha sostenido en dos pilares muy frágiles: negar la evidencia (no pasará nada, el caso será sobreseído, etcétera) y culpar a todo el mundo menos a los implicados, desde el juez Garzón al magistrado Flors, que imputó a Camps, pasando por la fiscalía, la prensa y la policía. Sin embargo, el informe sobre la financiación irregular ha hecho que la sensación de que algo huele a podrido se haya extendido por el propio PP y por sus aliados mediáticos. Por ahora, la única respuesta del PP valenciano ha sido pedir una comisión de investigación en el Parlamento autonómico sobre la financiación de los partidos, así en plural, para tratar de implicar al PSOE en el caso.
