La ley de cohesión y calidad de la sanidad impulsada por la ministra Ana Pastor ha incluido el compromiso de perseguir prácticas poco éticas como los regalos e invitaciones que responsables comerciales de laboratorios distribuyen entre los médicos. La ley no aclara qué atenciones son "razonables" y cuáles rebasan un listón que las convierte en inadecuadas. Falta por definir cómo, y con qué grado de exigencia, se perseguirán estos comportamientos que contribuyen al gasto farmacéutico que desangra a la Seguridad Social.
La patronal del sector, Farmaindustria, propone ahora la autorregulación, y como prueba de sus buenas intenciones ha informado de que su órgano de autocontrol ha emitido siete sanciones de 6.000 euros en un año por incorrecciones en la promoción de medicamentos. Pero el control no debe dejarse en manos de los interesados, que no han sido capaces de limitar unos comportamientos que en sus modalidades más graves, y más difíciles de demostrar, lindan con el cohecho. Las medidas para regular el gasto farmacéutico, dificultadas por el principio de libre prescripción, son responsabilidad de la Administración, que parece dispuesta a marcar unas reglas claras.
