El Congreso aprobó ayer definitivamente con los votos del PP y de Coalición Canaria los cambios en la ley de la Seguridad Social que impiden a las comunidades autónomas complementar las pensiones. Desde el año 1999, algunos gobiernos autónomos han dedicado pequeñas cantidades de sus presupuestos a ayudar a las personas que reciben pensiones no contributivas, las más bajas del sistema. El Ejecutivo central recurrió ante el Tribunal Constitucional en contra de la Junta de Andalucía, que fue la pionera, pero el fallo dio la razón a la autonomía andaluza. Con la nueva ley, el Partido Popular confía en que el alto tribunal le sea favorable en próximos contenciosos.
Sorprende que el mismo Gobierno que se precia de la cesión de impuestos a las autonomías, hecho que exhibe como prueba máxima de la descentralización del Estado, se empeñe en decidir en qué se gastan esos recursos. Sería difícil hallar un destino más adecuado que un mecanismo de justicia social como son las ayudas a los subsidios más magros. Estas acciones, que contradicen los discursos oficiales, demuestran que asistimos a una involución del sistema de autogobierno justificada con la Constitución.
