XCxomo, seguramente, durante los próximos meses el debate sobre la construcción de un complejo petroquímico en Extremadura girará sobre los aspectos ambientales del mismo, --debate en el que pretendo participar--, he creído conveniente realizar una serie de consideraciones sobre cuestiones económicas del proyecto y, más concretamente sobre la viabilidad del mismo y, como consecuencia de esto, sobre la conveniencia de la participación de la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura en el proyecto.

De entrada, a modo de avance de conclusión, manifestar que me surgen dudas, no sé si razonables, sobre la viabilidad económico-financiera del proyecto y, por consiguiente, sobre la decisión, parece que ya tomada, de que la sociedad pública de capital riesgo participe en el proyecto.

Hasta ahora, no he encontrado una sola persona que haya podido argumentarme sobre las razones empresariales que justifican la construcción de una refinería petrolífera en Extremadura, salvo con el hecho de que esté Alfonso Gallardo detrás del proyecto. (¡Si está Alfonso por algo será!).

Se ha dicho que el mercado nacional admite una nueva planta que sumar a las 8 ya existentes en nuestro país, ya que producimos menos de lo que consumimos, olvidando que, hoy, el mercado energético en general y el de los combustibles en particular cada vez es más global y menos local, al margen de que la pregunta que surge inmediatamente es: Si el mercado peninsular admite otra planta de refino, ¿por qué los principales operadores del mismo (Repsol, Cepsa o Galp) no la promueven y construyen, y se limitan a dejarse querer como posible socio tecnológico con escasa aportación de capital en el proyecto extremeño?

En cualquier caso, suponiendo que el mercado internacional, que no nacional, admita otra planta, la siguiente pregunta que surge es ¿Por qué la planta, --al igual que ocurre con 9 de las 10 en explotación existentes en la Península--, no se construye en la costa, donde la inversión y los gastos de explotación son menores? De la información facilitada por el presidente de la Junta se deduce que de los 1.200 millones de euros previstos de inversión, 54 millones de euros, es decir casi el 5%, irán destinados a la construcción del oleoducto necesario para traer el crudo desde la plataforma marítima de descarga a la planta, inversión que no sería necesario realizar si la planta se ubicara en la costa. Por otro lado, entre los gastos de explotación de la planta habrá que incluir los de mantenimiento del oleoducto y los de transporte de la materia prima, pues no debe olvidarse que el crudo habrá que bombearlo desde el nivel del mar hasta los 400 metros de altitud de la zona donde se anuncia se ubicará la planta. Dados estos gastos de amortización y explotación, ¿van a poder competir en precio los productos finales con los que actualmente se importan?

Hasta ahora, la clave de la viabilidad económica de los grandes proyectos de Gallardo (Siderurgia, Cementera, ...) ha sido, --además del apoyo financiero público y de su indiscutible don para los negocios--, la capacidad del empresario de reducir costes, fundamentalmente, en las materias primas y en la mano de obra, compensando con estas reducciones los inconvenientes de la localización de sus empresas. A simple vista da la impresión que las características del mercado de crudos no va a permitir a Gallardo atornillar a sus proveedores en este proyecto y no creo que los sindicatos permitan que la clave de la competitividad del complejo petroquímico sean los costos salariales.

Si el capital y el riesgo del proyecto fuesen exclusivamente privados, cualquiera podría decirme que la respuesta a estas preguntas no competen ni interesan al Gobierno regional que apoya el proyecto por los beneficios que aportará a la región (Empleo, PIB, ingresos fiscales, etcétera). Lo que ocurre es que, tal y como se ha presentado el proyecto, ni el capital ni el riesgo son exclusivamente privados, antes al contrario, se va a someter a la Sociedad de Fomento Industrial a un esfuerzo y, por qué no decirlo, a un riesgo, que puede acabar, de salir mal las cosas, con este importante instrumento público de desarrollo industrial, al tiempo que producir un quebranto más que considerable a las arcas públicas.

No hay que olvidar que, según lo anunciado por el presidente de la Junta de Extremadura, Fomento asumirá entre el 20 y el 22% del capital social de la empresa promotora de la refinería, lo que supone una aportación de cerca de 80 millones de euros, a lo que habría que añadir una aportación de garantías para obtener los empréstitos necesarios para financiar el 70% de la inversión restante, que puede alcanzar los 180 millones de euros. ¿O va a ser el Grupo Gallardo el que asuma el aval financiero o patrimonial necesario para obtener tan cuantioso crédito que, supongo, ninguna entidad financiera va a conceder sólo con la garantía del proyecto?

Mis dudas, no sé si razonables, me llevan a plantear que las compensaciones económicas y sociales que el proyecto aportaría, en su caso, a la región no debería ser el argumento a utilizar para comprometer una participación y un riesgo empresarial tan alto para la Sociedad de Fomento Industrial. Al contrario, como supongo que se hace en otros proyectos en los que participa la sociedad, debería ser la viabilidad económica financiera el principal elemento de análisis a la hora de decidir la participación, participación que, en cualquier caso, no debería ir más allá de lo razonable, entendiendo como razonable aquello que no ponga en peligro el futuro de la sociedad ni condicione su capacidad financiera y patrimonial para participar en otros proyectos empresariales. Supongo que, si el proyecto va a generar tan cuantiosos beneficios para sus promotores como se anuncia, Alfonso Gallardo no tendrá problemas para encontrar socios con los que repartir tan golosos dividendos, al tiempo que su demostrado amor a la tierra impedirá que perdamos tan importantes compensaciones como se anuncian deslocalizando la inversión.

*Director de la consultora Depaex