El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro , sintetizó así el objetivo del paquete de medidas aprobado ayer por el Consejo de Ministros para reformar la Administración: "Reforzar la estructura del Estado". Es decir, identificó a este con la Administración central. Un pésimo planteamiento, con independencia de que resulta difícil discrepar de la idea desnuda de que hay que racionalizar el sector público con una combinación de gestión más eficaz y servicios más baratos.

A pesar de que las administraciones públicas de España no son de las más pesadas de Europa, es cierto que necesitan una modernización. Pero el voluminoso paquete de reformas aprobado ayer, que ahora deberá tener una traducción legislativa, supone poca valentía hacia el necesario cambio de modelo; y por contra, impone la poda de organismos autonómicos. En todo caso, la introducción de las e-facturas, que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quiere que estén operativas en breve, resulta ya imprescindible para poner al día y agilizar la Administración. Esta medida o la digitalización de muchos trámites burocráticos hace ya tiempo que deberían estar implantadas.

La reforma de la Administración lleva tantos años anunciada como pendiente. La presentada ahora por el Gobierno de Mariano Rajoy emprende un camino en el que el diálogo será imprescindible. El anunciado ahorro de 37.620 millones de euros con el horizonte del 2015 no será tal si Madrid no se abre a las respuestas de las comunidades autónomas al plan. Y los pasos previos han sido muy desacertados: Rajoy anunció a bombo y platillo la reforma destacando el carácter de recomendación de los 120 puntos destinados a las autonomías, pero horas después Montoro agitó el déficit fiscal como arma coercitiva para su cumplimiento. Ayer lo bautizó como "lealtad institucional", como si determinados organismos de gran calado e histórica trayectoria de muchas de las autonomías no formasen parte de la estructura del Estado y no pudieran gestionar con eficacia y sin derroche --además de arraigo sobre el terreno--, al igual que puedan hacerlo delegaciones de la Administración central.

Las duplicidades claman al cielo, es cierto, pero la filosofía de la reforma desprende mucho más un aroma de recentralización que de eficacia y ahorro en lo público. Si el éxito del plan depende de las comunidades autónomas, habrá que negociarlo a fondo con ellas.