Recién aprobada la reforma de la negociación colectiva con un contenido que es probable que cambie en la tramitación parlamentaria y, en su caso, con nuevas negociaciones entre las organizaciones empresariales y sindicales, parece que es tiempo de unas primeras reflexiones: elogio --matizado-- del Gobierno. Después de apurar e incumplir los plazos y sus abundantes prórrogas, los interlocutores sociales no pudieron llegar a un acuerdo sobre algo de lo que llevan hablando desde 1997 (AINC). El Gobierno cumplió su palabra de que, si esto sucedía, legislaría unilateralmente. Esto merece todos los elogios y resta gran parte de razón y justificación a las quejas de quienes no han sido capaces de resolver por sí mismos el problema.
Además de generoso con los plazos y sus prórrogas, el Gobierno dictó un decreto ley que, según dice, aprovechaba mucho de lo hablado y cuasi pactado por las partes, lo que reduce notablemente la unilateralidad de lo legislado. El matiz al elogio de la acción del Gobierno vendrá por la falta de claridad sobre cuál es su posición sobre la reforma. Está muy bien acomodarse a lo que acordasen las partes y recoger el trabajo hecho. Lo que no está tan bien es no incorporar ni decir cuáles son las prioridades y soluciones que el propio Gobierno considera imprescindibles y necesarias. Otro matiz más severo afectaría a la inclusión de una suerte de arbitraje obligatorio, de contenido más que probablemente inconstitucional.
XCRITICA DEx un escéptico. Respecto del contenido de la reforma, un escéptico podría argüir que prácticamente todo lo que se recoge en la misma ya lo podían hacer antes las organizaciones si así lo pactaban, cosa que no han hecho. Prácticamente todo lo que regula la reforma depende para su aplicación de que las mismas organizaciones compren el contenido de lo legislado, o sea, que pacten las cuestiones sobre las que se ha legislado (vista su poco entusiasta reacción, no parece que estén muy por la labor, y con que una de las dos partes se oponga la cosa se puede eternizar).
Además, todos los procedimientos y plazos parecen lentos --sobre todo con la que está cayendo-- y la ley mantiene esa mala tendencia a trocear realidades que no siempre se presentan aisladas (descuelgue salarial, modificación de condiciones de trabajo, plazos, competencias y contenidos...). Esperanzas de un optimista. Al revés de lo anterior, si empresarios y sindicatos quieren se podrá incrementar la utilización de los convenios de empresa, se avanzará en la pérdida de importancia de los convenios sectoriales provinciales y se podrán resolver muchos problemas de manera ágil y eficaz, evitándose conflictos y costosos procedimientos y salvándose muchas empresas y puestos de trabajo. Un optimista no espera que no usen o frenen las posibilidades que abre la ley.
¿Dónde están las pymes? Si algo ha llamado la atención del debate y de la reforma es el poco --por no decir ningún-- protagonismo de las pymes, que son las que concentran más volumen de empleo, a quienes en muchísimos casos la negociación colectiva supone mayores corsés y limitaciones y que prácticamente no participan en las negociaciones de los convenios (a pesar de lo cual son obligatorios para ellas, a diferencia de lo que pasa en el resto de los países). Cuando llegue la recuperación, ellas deberán ser las que tiren del empleo y parece que siguen en una situación de comparativa desventaja.
¿Alguien entiende algo? Todos los medios de comunicación dedicaron amplia información a la reforma, que está en todos los rincones de la actualidad (hasta los del 15-M se plantaron en la sede de la CEOE para manifestar no se sabe qué con relación a ella --¿querrán convenios de empresa o de sector?--) y todo el mundo habla de ella, pero ¿sabemos por qué es tan importante reformar nuestro sistema? La trascendencia de la materia se puede entender con un ejemplo: con la ley (con nuestra ley) en la mano, para las empresas es más fácil despedir que bajar salarios a sus trabajadores, porque para lo segundo hace falta acuerdo y para lo primero no. Eso se debe en gran parte a los mecanismos de la negociación colectiva y es una de las razones por las que el ajuste ante la crisis se ha hecho en nuestro país vía empleo (despidiendo) y no vía ajuste de condiciones de trabajo, como ha ocurrido en otras muchas economías.
El empleo debería ser legalmente el primer y más importante valor a proteger, y esto, hoy por hoy, no es así. La ley debería recoger y potenciar mucho más claramente todos los mecanismos para que el despido fuera la última opción, solo utilizable cuando se hubieran agotado todas las alternativas posibles. Mientras esto no sea así, algo funciona mal en nuestro ordenamiento legal y algo habrá que corregir si no queremos seguir condenados a vivir con unos niveles de desempleo e ineficiencia del mercado de trabajo que no se dan en prácticamente ningún otro país desarrollado. Esto requiere cambios estructurales, y parece que la reforma no es tan ambiciosa como la gravedad de la situación exige, aunque los efectos dependerán del uso que de ella hagan las organizaciones empresariales y sindicales. En sus manos está...
*Socio del Area Laboral de KPMG.
