Los requerimientos hechos desde diferentes estancias económicas --Banco de España, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional-- para que se reforme el mercado de trabajo en España han desembocado en la disposición de los agentes sociales a acometer la empresa, inseparable, según los expertos, de las medidas necesarias para superar la crisis. El precalentamiento de la negociación que comenzará en enero se ha ocupado de analizar las experiencias foráneas --el modelo alemán y otros-- y las realidades locales hasta llegarse a la convicción bastante extendida de que, más que abaratar el despido, conviene dar con fórmulas imaginativas. Se trata, en suma, de poner en pie nuevas condiciones de contratación que entrañen un cierto grado de seguridad y continuidad para los trabajadores y para los empresarios, y otorguen a las administraciones una función tutelar indispensable.

Se ha pasado así de una idea bastante rudimentaria de regulación del mercado de trabajo, que incluye la utilización del despido barato como herramienta para adaptar las plantillas a la dinámica económica, a otra más flexible en la cual prima la idea del trabajo a tiempo parcial por un periodo limitado, para garantizar de esta forma el mantenimiento del empleo. A la luz de la experiencia alemana, eso supone contar con recursos públicos para que, al menos una parte de los ingresos que deje de percibir el trabajador los cubra el presupuesto.

De ahí la necesidad de que la negociación para configurar la reforma laboral se haga a tres bandas --patronal, centrales sindicales y Gobierno central-- y se archiven los peores momentos de la pelea de gallos de hace unos meses. No hay un solo experto que entienda que la complejidad de la contratación laboral, y los costes sociales y económicos que conlleva, pueda hacerse al margen de la Administración. Y, aún menos, que el papel de la Administración se reduzca a tapar los agujeros dejados por un paro en ascenso. Incluso en términos de estricta rentabilidad, es preferible destinar recursos que contribuyan a contener la destrucción de empleo que a pagar el subsidio de paro.

Sea el modelo alemán el destinado a imitarse o sea cualquier otro el que finalmente se adopte, lo prioritario es acabar con la sangría de un desempleo cada día más cercano al 20%. Sin lograrlo es imposible subirse al carro de la recuperación económica y el aumento de la demanda queasoman en la eurozona.