El Gobierno de Mariano Rajoy cumpió el viernes con la petición de Angela Merkel de acometer reformas estructurales y, en especial, cambios en el sistema de pensiones. Sin atender al necesario consenso del Pacto de Toledo, el Ejecutivo optó, de nuevo, por un decreto ley que esquiva el diálogo en un tema tan delicado como la reforma del modelo de pensiones. Con ella, el Ejecutivo intentará ajustar la edad de jubilación, cuyo retraso ya se anunció, con la de prejubilación y gravará, a su vez, el abandono voluntario o forzoso del ámbito laboral antes de la fecha marcada por la legislación.
El objetivo es buscar la sostenibilidad del sistema de pensiones español --cuyo contenido está en estudio-- e intentar compensar la caída de la afiliación, el aumento del paro y de las prejubilaciones. Actualmente, uno de cada dos españoles se retira anticipadamente. Ante esta situación, el decreto ley busca la prolongación de la vida activa de los mayores de 50 años, haciendo más caro y dificultoso su despido para las empresas y más exigente el cobro del subsidio de desempleo para los trabajadores. Si bien estos ya no podrán ser fácilmente discriminados por su edad en los ajustes de plantilla, la otra cara de la moneda es dejarlos con una pensión menor en caso de prejubilación y dificultar su retiro parcial. Criticado por los sindicatos, pendiente de un recurso de inconstituacionalidad del PSOE, solo el tiempo dirá si el decreto es un simple ajuste legal, un cambio necesario o papel mojado.
