Mejor una reforma del sistema de pensiones, aunque sea a la baja, que mantener las condiciones propicias para favorecer la vieja tentación liberal-capitalista del sálvese quien pueda. Una simple proyección demográfica, así como el aumento de la esperanza de vida en España, nos venía poniendo en la pista de ese riesgo cierto para el Estado del Bienestar creado por la Socialdemocracia en los tiempos de la post-guerra europea.

En esa estirpe ideológica se inscribe precisamente el Gobierno de Rodríguez Zapatero . Si tenemos en cuenta que ha tomado la iniciativa para racionalizar el sistema, a fin de garantizar su sostenibilidad a veinticinco o treinta años vista, y que la iniciativa no se corresponde precisamente con la sensibilidad y los deseos de su electorado, hemos de reconocer el valor que echa Zapatero a sus envites reformadores.

Hemos de reconocer, al tiempo, que la reforma del sistema en España no puede esperar más. Tiene que ser revisado ahora que aún hay margen para que las decisiones se puedan aplicar de una forma progresiva y flexible. Y así se va a hacer. Por ejemplo, la discutidísima jubilación legal a los 67 años, cuya plena aplicación sólo será vista dentro de dieciséis años, que es lo que durará el periodo transitorio en una gradualidad que va desde la jubilación a los 65 años más mes y medio a finales de 2014 (primero de los ejercicios a los que afectará la vigencia del sistema reformado) hasta la jubilación a los 67 años en el año 2027.

Se trata de una reforma realista apoyada por los sindicatos. Como en las posiciones sindicales se reconocen los votantes socialistas, el pacto alcanzado a última hora por Rodríguez Zapatero con los líderes de las dos grandes centrales sindicales, Méndez y Toxo , viene a suavizar el impacto negativo de las otras dos reformas básicas en las que se ha embarcado el Gobierno. Me refiero a la financiera y la del mercado laboral.

A lo que íbamos. El Consejo de Ministros ya ha enviado al Consejo de Estado el anteproyecto de ley que encarece el acceso de los trabajadores a una pensión. A partir de 2013 hará falta trabajar más años para poderla percibir durante menos tiempo, como resultado de poner esos parámetros en función de la esperanza media de vida de los españoles, la más alta del mundo después de Japón.

La sostenibilidad del sistema está sometida a la amenaza del envejecimiento de la población. Y la amenaza sólo puede ser conjurada tomando ahora las medidas necesarias que garanticen su continuidad a treinta años vista. Las medidas consisten en arbitrar fórmulas encaminadas a conseguir que seamos cada vez más trabajadores a cotizar, o a cotizar más y durante más tiempo, y cada vez menos a cobrar por jubilación, o a cobrar menos y durante menos tiempo. Tan simple y a la vez tan complejo como eso.