WLwa llegada de 264 guardias civiles que el Gobierno destina a Cataluña paliará el déficit de agentes evidenciado por la cadena de robos en casas y chalets. Es un paso más, necesario pero insuficiente, ante el reto de una delincuencia de nuevo cuño de bandas organizadas que tienen en jaque a las fuerzas de seguridad --municipales, autonómicas y estatales-- y magnifican sus carencias de coordinación. En Extremadura, la presencia de este tipo de mafias es mínima. A pesar de ello, los vecinos de zonas residenciales temen ser el siguiente eslabón en la cadena y ya han comenzado a reforzar la seguridad privada de sus urbanizaciones y reclamar más presencia policial en el entorno donde residen.
La explicable alarma social generada solo se difuminará si se desarticulan todas las bandas implicadas, como ocurrió el viernes con la que acampaba en Tarragona. Los refuerzos ayudarán a restablecer la confianza en unas zonas rurales en las que hasta no hace tanto no se cerraba nunca la puerta de casa y en unas urbanizaciones que se extienden por el país sin tener garantizados a menudo los servicios básicos. Y en esa crítica, el PP debe recordar que los gobiernos de Aznar redujeron irresponsablemente las plantillas policiales mientras la población crecía exponencialmente, legal e ilegalmente, en España.
