Los proyectos inmobiliarios privados presentados al alcalde de Cáceres, José María Saponi, para construir grandes centros comerciales y de ocio en el solar del viejo matadero y en el ferial vuelven a resucitar el debate sobre la conveniencia o no de que las administraciones sigan recalificando terreno para este tipo de iniciativas por su posible impacto negativo en el pequeño comercio. A priori, y pese a las reticencias mostradas por la Junta, y en especial por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, respecto a la instalación de más grandes superficies en la comunidad, la lógica dicta que no conviene poner barreras al desarrollo económico de Cáceres y el resto de ciudades, máxime cuando se habla de proyectos que generan, como el de la carretera de Malpartida, inversiones de 60 millones de euros y 650 empleos (precarios, pero 650 trabajos al fin y al cabo). Frenar iniciativas de esta envergadura sólo estaría justificado si se presentan informes rigurosos que certifiquen los perjuicios en el comercio local. Hay que volver a recordar el clamor que se levantó en Badajoz contra la instalación de El Corte Inglés en los noventa y cómo muchos pequeños comerciantes del centro, años después, han tenido que decir digo donde dijeron diego tras la dinamización que esta gran superficie ha imprimido a la capital pacense.
