Ya hay gobiernos autónomos que han anunciado el impulso de una nueva legislación sobre la prostitución. El pionero en este caso ha sido la Generalitat de Cataluña. Es en cierta forma una decisión que afronta valientemente una cuestión difícil que la mayoría de los Ejecutivos regionales han preferido soslayar, sobre todo porque requiere mucha cautela.

Ha habido intentos anteriores para fijar las condiciones de los locales donde se ejerce esta actividad, pero esta tímida reforma sigue atascada en los tribunales de justicia. Regular la prostitución no debe suponer ni fomentarla ni resignarse a que exista. El principal argumento para legislar esta actividad es la protección de los derechos individuales de las personas que la ejercen, empezando por el más genérico de la libertad sexual y acabando por el de la seguridad laboral.

Lo lógico es que aquellas autonomías que deseen regular este sector se atengan a la doctrina marcada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El principio básico es que quienes ejercen libremente la prostitución deben ser asimilados a los trabajadores autónomos. Por el contrario, debe vigilarse que reconocer una relación laboral por cuenta ajena no acabe sirviendo para legalizar, también, la ilícita actividad del proxeneta.