WAw principios del 2005 entrará en vigor el nuevo reglamento de la ley de extranjería, que permitirá regularizar a casi un millón de inmigrantes que ya viven y trabajan en España. Esto será posible gracias a un pacto social del Gobierno, los sindicatos y los empresarios, por el que asumen unos compromisos históricos. Tras obtener la garantía de que la regularización no pasará por denunciar a quienes han empleado a extranjeros ilegalmente, los empresarios están ahora más obligados que nunca a normalizar estrictamente todas sus relaciones laborales. Para cumplir la ley y porque si no lo hacen comprometerán seriamente los intereses del país. Por su parte, el Gobierno de Zapatero afronta otra obligación no menos trascendente: eliminar cualquier rastro de mercados de visados fraudulentos y contratos de trabajo ficticios.
El proceso debe ser riguroso para acabar con las mafias y la explotación laboral. No sólo importa legalizar la situación real de cientos de miles de personas. Debe neutralizarse de una vez por todas el verdadero efecto llamada, la evidencia de que era posible entrar y ganarse la vida en España al margen de los cauces legales por desidia de unos y avaricia de otros.
