El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, ha hecho saber, con tanta prudencia como claridad, que no considera intocables a los presidentes de las principales compañías públicas españolas que privatizó el PP con una fórmula singular. Primero puso a personas de su confianza al frente de Telefónica, Endesa y Repsol. Luego propició la privatización, pero sin facilitar que los accionistas más significativos de esas compañías ratificaran a los presidentes afectos al PP. La destitución de Juan Villalonga en Telefónica respondió a ese modelo: se decidió en la Moncloa, no en la empresa.

El Gobierno socialista justifica su interés en el relevo con un argumento de peso. La paralización, en los últimos meses, de las decisiones de gestión de esas compañías sugiere una táctica de resistencia de sus presidentes, lo que perjudicaría el programa socialista --que se va a expresar en el presupuesto del 2005-- de utilizar el sector energético y de telecomunicaciones, sometidos a regulación de tarifas, para impulsar las inversiones necesarias en innovación y competitividad. Es una operación de alto riesgo, porque afecta al poder establecido por Aznar y Rato. Razón de más para que los futuros presidentes sean incontestables.