WEwl proyecto de ley de la memoria histórica que el Gobierno aprobará antes de que termine el mes supone un avance en la reparación moral y simbólica de las víctimas del franquismo: 150.000 ejecutados, 30.000 desaparecidos y 500.000 presos. Pero no permitirá que la rehabilitación de todos ellos tenga una expresión jurídica concreta mediante la revisión de los procesos instruidos y las sentencias dictadas en el seno de un régimen vesánico. Por desgracia, la argumentación jurídica se ha impuesto al principio de legitimidad. De forma que el hecho de que los juicios se desarrollaran en su día de acuerdo con la legalidad vigente --tesis del fiscal general del Estado-- se ha convertido en un obstáculo insalvable para anular los procesos, como si no importara el régimen al servicio del cual actuaron los jueces. Se equivoca de medio a medio el fiscal de la Sala Militar del Supremo cuando estima que el proceso de revisión de las causas podría reabrir heridas "totalmente cicatrizadas". La imposibilidad de dar completa satisfacción a quienes el franquismo quiso expulsar de la historia demuestra que las heridas se cerraron en falso.