WLw as alegaciones contra la instalación del almacén de residuos radiactivos en Albalá, que han elaborado la mancomunidad de Montánchez, la asociación Adismonta, los ecologistas y la Junta de Extremadura muestran, por un lado, la prácticamente unánime oposición política y social a esta instalación --lo cual debería ser en sí mismo determinante, puesto que Industria se comprometió a no aprobar un emplazamiento en una comunidad en la que sus instituciones autonómicas estuvieran en contra--, y también que su naturaleza no puede ser más opuesta a la estrategia histórica de desarrollo de la zona: en efecto, pocos ´cuerpos´ se pueden imaginar más extraños al ´organismo´ que es la mancomunidad de Montánchez y Tamuja, que se caracteriza por sus productos agroalimentarios de excelencia, que un almacén de residuos nucleares. En este aspecto, la ventaja de la que parten municipios como Ascó o Yebra por estar incluidas en comarcas en las que se enclava una central nuclear, es tan decisiva que pocas discusiones caben. Albalá, además, parte, precisamente por ser ajena a la energía nuclear, con otro handicap con respecto a Ascó. Y es que mientras la extremeña cuenta con la censura unánime de su entorno, el municipio tarraconense está rodeado de otros que aplauden su iniciativa. Además de estos reparos, el escrutinio del proceso administrativo llevado a cabo en Albalá para aprobar su candidatura, podría revelar, como han puesto de manifiesto algunos especialistas en Administración Local como José Carlos Bote, que la premura con que se decidió podría no ajustarse a derecho. Una posible fisura que las autoridades políticas habrían de explorar.
