La representatividad, base de la democracia, no ha alcanzado aún al campo. Hay organizaciones agrarias (Opas) en Extremadura bien articuladas, con miles de afiliados, con capacidad de presión política y con peso en la opinión pública. Sin embargo, todavía no se sabe con la exactitud con que se conoce el porcentaje de representatividad del PSOE o del PP en cualquier institución o de una simple candidatura a una asociación de vecinos, qué fuerza tienen las Opas dentro del cuerpo electoral de los agricultores y ganaderos de la región. Ha habido elecciones, sí, dos en la historia de la democracia, en 1998 y en 2002, pero todavía andan a vueltas con la legislación que fije de una vez por todas la fuerza de cada organización. Actualmente, el consejero de Agricultura, Juan María Vázquez, está discutiendo con las organizaciones agrarias una norma sobre la que articular la representatividad de las mismas para celebrar elecciones y para que quienes resulten elegidos tomen decisiones, entre otros asuntos, sobre qué hacer con las cámaras agrarias, unos organismos heredados del franquismo que durante años, y a pesar de estar vigente la Constitución del 78 que lo enterraba, fueron manejados por sus herederos como si fuera patrimonio propio. Las elecciones del 2002 sirvieron, al menos, para que en las cámaras entraran las Opas con peso en el sector. Pero sirvieron para poco más. Ni siquiera para decidir qué hacer con las cámaras, a las que nadie les otorga la más mínima operatividad, ni para elegir un consejo asesor agrario que tenga la legitimidad de su interlocución en base a su representatividad. Es lo que se espera de la ley que anuncia Vázquez.
