La denostada por algunos, como Unión Europea, no se corresponde, a pesar del pesimismo del que la critican, cuando asume esa función de garante de derechos, arraigados en las sociedades democráticas, frente a los viejos roles de países que se incorporan con el mismo pasado. Por eso vale la pena seguir peleando e insistiendo o tanto por el territorio en sí, como por el espacio de los derechos, y es asentimiento de valores que huyen de posiciones nacionalistas, que separan y no se atreven a prolongar el escenario de la solidaridad como valor. El discurso en esta Unión Europea no puede ser el de mirar balances y haberes, sino textos constitucionales y legislaciones que hagan el individuo la fuerza de su razón de ser. De ahí, que sean importantes todas aquellas medidas que favorezcan a los ciudadanos en el escenario múltiple de la Unión Europea.

Creo que en este caso, sería bueno poner el ejemplo de lo que recientemente se ha aprobado en el Parlamento Europeo y tiene que ver con el hecho de los trabajadores desplazados, a los que se les debe respetar su salario y sus condiciones laborales.

De hecho, la nueva ley, apoyada por amplia mayoría en el Parlamento Europeo, prevé que las normas sobre salarios del país de acogida se apliquen a todos los trabajadores desplazados. En este sentido se ha aprobado que los trabajadores desplazados temporalmente a otro país de la Unión Europea cobren igual sueldo que los empleados locales haciendo igual trabajo.

Un dato muy a tener en cuenta lo va a constituir el hecho de que todas las normas salariales del país de acogida deberán aplicarse a los trabajadores desplazados. Además de legislación marco, los Estados miembros podrán aplicar convenios colectivos regionales o sectoriales amplios y representativos. Hasta el momento, esto solamente se hacía en el sector de la construcción.

También en esa normativa se ha previsto los denominados desplazamiento fraudulento, caso de la llamada empresa buzón; por lo que en este sentido, los Estados miembros deberán cooperar para garantizar la protección de los trabajadores, al menos, por las condiciones de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores.

Los Estados miembros dispondrán de dos años para transponer las normas a su legislación nacional y tendrán que aplicarlas antes de que finalice ese periodo. Parece ser que esta nueva normativa pretende que, efectivamente, el marco de la Unión Europea sea verdaderamente el impulsor de una política más social, compatibilizando el papel de las empresas y sus estrategias empresariales, con los derechos de los trabajadores. Lo que ahora toca es que esta normativa sirva de impulsora para la cohesión y coincidencia de esos derechos laborales cada vez más unitarios y afines en todo el espacio de la UE, no sólo en derechos, sino también en emolumentos. De ahí la importancia del liderazgo de países con una sensibilidad reconocida en el ámbito de los trabajadores.

Queda marcar una clara dirección en el hecho de proponer acciones, que en su conjunto, tengan que ver con un crecimiento y enriquecimiento económico de la empresa con mayores y mejores emolumentos en correspondencia de los y las trabajadores/as.