Montserrat Serra y Blanca Thiebaut ya han podido abrazar a sus familiares tras permanecer 644 días cautivas en algún lugar de Somalia a manos de una banda de delincuentes después de ser vendidas por unas milicias islamistas responsables del secuestro inicial.

El final feliz de ese larguísimo episodio (el secuestro de ciudadanos españoles más largo de la historia reciente) no debe apagar algunos aspectos del mismo. En primer lugar, el trauma físico y psicológico sufrido por las dos cooperantes de Médicos sin Fronteras (MSF) y la necesidad que tienen ambas de una recuperación lo más plena posible. En segundo lugar, la extrema discreción con que se han movido en este caso tanto la oenegé --quien ha llevado a cabo las largas y difíciles negociaciones con los delincuentes-- como las familias de las secuestradas, incluso tras conocerse el feliz desenlace del condenable suceso.

Al final de todo secuestro se plantea la pregunta de si se ha pagado un rescate por la liberación o, en términos generales, si hay que pagar por ello. Médicos Sin Frontera siempre ha asegurado que nunca ha pagado por sus secuestrados, que han sido varios a lo largo de la historia, y también en el caso de las jóvenes Montserrat y Blanca. Hace un mes, la cumbre del G-8 acordó pedir a los estados que no cedan a las peticiones económicas de los secuestradores. Si desde un punto de vista del derecho se entiende que los gobiernos no se sometan a chantajistas y delincuentes que utilizan la vida de las personas como moneda de cambio, desde el punto de vista humano, estos mismos gobiernos tienen delante la presión de unos familiares que exigen de las autoridades el máximo esfuerzo. Pero hay otros interlocutores como son las empresas dispuestas siempre a pagar por el retorno de su personal cautivo.

La historia de este secuestro recién concluido recuerda también las dificultades cada vez mayores para la cooperación en algunos países. La creciente inseguridad para los extranjeros y el aumento de la violencia en muchas partes del mundo están obligando a los organismos de ayuda internacional a un repliegue.

Por otra parte, la crisis económica también ha pasado su temible tijera por estas ayudas. De los países de la Unión Europea, España era antes de la crisis el quinto donante de ayuda oficial al desarrollo. En tres años ha reducido en un 71% los fondos para cooperación.