Pasadas casi dos semanas desde que estallara el escándalo de la Comunidad de Madrid, las dos formaciones políticas implicadas han entrado en un doble camino de presentación de querellas y de acusaciones mutuas, más o menos sólidas, de implicaciones de cargos públicos con negocios inmobiliarios. Estamos ante una guerra a ladrillazos en la que los populares pretenden demostrar no sólo que ellos nada tienen que ver con la traición de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, sino que en las filas del PSOE hay políticos que han participado en suculentos negocios vinculados a la construcción.
Pero, de momento, son los socialistas los que parecen haber mordido la mejor presa al darles la razón la querella presentada por el fiscal de Madrid contra una operación en Alcorcón en la que aparecen implicados un exalcalde del PP y dos empresarios relacionados con Tamayo.Hará falta que baje el ruido que provocan los portavoces políticos para que la opinión pública saque conclusiones del monumental escándalo. Entonces sí estarán los madrileños en condiciones de acudir a las urnas, si es que los partidos no logran restituir la voluntad popular por otra vía. Y que cada palo aguante su vela.
