XRxecientemente los socios comunitarios llegaron a un acuerdo sobre las llamadas Perspectivas Financieras para el período 2007-2013. Este acuerdo es muy importante, pues significa el marco en el que se desenvolverá la política presupuestaria de la Unión en los próximos años y determinará el reparto de los fondos disponibles entre los distintos estados.
El contexto en que España afrontó esta negociación es muy distinto a anteriores escenarios. Nuestro país viene experimentando una transformación acelerada --en parte, gracias a los fondos comunitarios-- que no sólo está cambiando a mejor la configuración económica interna, sino que, al mismo tiempo, está empujando al alza nuestra posición relativa en Europa.
El escenario ahora también es más grande. La quinta ampliación ha supuesto la incorporación de diez países más que suponen un incremento de la población europea de un 20% y de un 5% su PIB. Puesto que los nuevos Estados tienen un nivel de renta per cápita inferior al 50% de la media de la Unión Europea, la ampliación supone un aumento significativo de la presión sobre los recursos que se destinan a la cohesión.
En este nuevo contexto, a España, por tanto, le correspondía perder. Por sentido común, no podíamos recibir lo mismo que lo conseguido por Aznar en 1999. Sin embargo, pese a estar preparados para ello, era imposible predecir un castigo tan desproporcionado y tan injusto, un acuerdo tan malo, no ya para España y para Extremadura, sino para el conjunto de la Unión Europea. En un momento de grave crisis europea, iniciada por los sucesivos fracasos en los refrendos de la Constitución Europea, este acuerdo financiero constata el desinterés de los actuales gobiernos y de los ciudadanos en la construcción europea. Los resultados obtenidos avalan esta opinión.
Para empezar, el montante final presupuestario será el 1,045% de la renta comunitaria, insuficiente y alejado del 1,24% que la propia Comisión Europea consideraba indispensable para ayudar a los nuevos países miembros. Es escaso y cicatero y hace muy difícil que con tal apuesta Europa se convierta en el primer bloque de desarrollo económico mundial.
La política de competitividad se reduce en 50.000 millones de euros, respecto a la propuesta de la comisión. También los gastos de cohesión se reducen en 30.000 millones de euros, los pagos agrícolas directos se rebajan en 8.000 millones, y los fondos para desarrollo rural y pesca descienden en 22.000 millones. Los fondos destinados a seguridad y justicia se reducen a la mitad y los fondos para acciones exteriores descienden un 40%. Además, se plantea una revisión de las políticas comunitarias en 2009, especialmente de la política agraria comunitaria, para que entre en vigor en 2014.
El resultado de la cumbre ha sido malo. Malo para Europa, malo para España y malo para Extremadura. Manifestar lo contrario es un ejercicio de cinismo y de necedad. Se trata de un resultado decepcionante que España no se merecía y que, aun necesitando todavía fondos europeos, significa una enorme zancadilla en nuestro desarrollo económico.
En un escenario de crisis europea, España es ahora, según el reparto del coste de la ampliación europea, la que más paga de su factura. Somos de los más pobres, pero pagamos más que nadie. Alemania y Francia, los dos motores económicos de Europa, pagarán 28.000 y 34.000 millones cada uno. España, 42.450 millones de euros. Estas cantidades, que en términos absolutos ya reflejan lo injusto del acuerdo, en términos relativos son absolutamente escandalosas, pues esas cantidades son el 0,59% del PIB español frente al 0,17% y 0,26% del PIB de Alemania y Francia, respectivamente.
Con este acuerdo, el saldo neto de España con respecto a la Unión Europea es de 4.984 millones de euros. Algo más, poco más, de la propuesta de hace seis meses en Luxemburgo, que ascendía a 4.738 millones de euros, pero muy lejos, lejísimos de los 47.450 millones de euros del acuerdo de 1999. Si en junio de 2005, bajo presidencia de Luxemburgo, España se unió al veto del acuerdo que se pretendía, ¿por qué no lo ha hecho ahora?
España sigue aportando 1.350 millones de euros más que en junio al cheque británico y pierde 1.600 millones en desarrollo rural, a cambio de ganar 450 millones para el fondo de cohesión, 50 millones para Ceuta y Melilla, 700 en menores aportaciones a las políticas que se han reducido y 2.000 millones de fondos tecnológicos, cantidad ésta que más parece una propina para limpiar malas conciencias que como fruto de una negociación firme por parte española.
España todavía mantiene comunidades autónomas con precario nivel de desarrollo. Ese es el caso de Extremadura, que veinte años después de nuestra integración en Europa, sigue siendo región Objetivo Uno. En el marco financiero anterior Extremadura recibía 3.433 millones de euros de los Fondos Estructurales y 310 millones de Fondos de Cohesión. En el nuevo marco acordado hace pocas fechas, pasamos a recibir 2.259 y 82 millones respectivamente. Perdemos más de lo que se rechazó en la cita de Luxemburgo antes citada y muchísimo más que el marco presupuestario actual. Se mire por donde se mire, mal. Y ahora nadie, ni Ibarra , chilla sometiendo al Gobierno regional más a la lealtad de partido que a los intereses de Extremadura.
La valoración hecha por la consejera Portavoz sobre la evolución de la economía regional es en exceso autocomplaciente. Lee lo que otros escriben, sin argumentos ni evidencias. Y es, además, absolutamente distinto a los que otros argumentan y constatan. No se ve el peligro cuando no se mira donde está. La situación actual y la previsión inmediata, no a muy largo plazo, no son de las mejores y poco se está haciendo desde el Gobierno regional para remediarlo. Ni tan siquiera se protesta sea por la financiación autonómica que se avecina, sea por el pésimo resultado de las perspectivas financieras europeas. Mal futuro.
*Economista
