WLwa investigación abierta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la agencia de rating Standard&PoorIs (S&P) no hace más que confirmar dos vaticinios: que la administración del presidente Barack Obama no iba a quedarse de brazos cruzados después de que su deuda perdiese la calificación AAA y que tiene fundamento la sospecha de que S&P, y sus hermanas MoodyIs y Fitch, son juez y parte en el reparto de notas de solvencia financiera. Aunque el Gobierno estadounidense asegura que abrió las pesquisas antes de que S&P degradara la deuda, todo lleva a inferir que el paso dado por la agencia ha sido un acontecimiento definitivo para acelerarlas. Y que las tres grandes compañías de rating tendrán que dar muchas explicaciones para no caer en el mayor de los desprestigios.
Si se confirma que fueron los directivos de S&P los que obligaron a mantener una calificación alta a los productos derivados de las hipotecas subprime, contra la opinión de sus analistas, se estaría ante un caso de falseamiento de información. De la misma manera que si se confirma que en Italia que la agencias promovieron el encarecimiento de la deuda de aquel país, habría pocas dudas de que alteraron artificialmente el precio de activos financieros. A la luz de ambos casos, sería obligado cambiar las reglas del juego y controlar a los controladores --las agencias-- que hasta la fecha han manejadoa su antojo las oscilaciones en los mercados.
