La imprevisible evolución del estado de la economía mundial, que se sigue midiendo día a día a conveniencia de los países más desarrollados --Estados Unidos, la Europa del euro y Japón--, vuelve a poner en solfa cualquier intento de predicción de lo que puede suceder en un plazo de al menos seis meses. Esta realidad genera angustia en el ámbito privado (entre las empresas y las familias). En el público (es decir, entre los gobiernos) causa descrédito, cuando no demagogia. En este contexto, el Gobierno español ha asumido que ha de trabajar con un panorama que hace apenas unos meses, cuando defendía la solvencia de los Presupuestos del Estado para el 2009, no había vislumbrado.

Debía hacer este ejercicio de autocrítica y corrección de su previsiones por las advertencias de la oposición y de los servicios de estudios de toda índole. No lo asumió, y a las dos semanas de vigencia de las cuentas públicas del 2009 ya sabemos que las cifras se habrán de ajustar a la realidad a lo largo de todo el ejercicio. Esto es malo para la credibilidad de quienes las calcularon. Pero es bueno porque la rectificación, en economía, no es de sabios sino de sensatos.

El Gobierno admite que este año se perderán 670.000 empleos, lo que llevará a una tasa de paro del 16% de la población activa. Es su asignatura principal, y para aprobarla ya ha apostado a que no se llegue a los cuatro millones de parados a lo largo del año. Es preciso reconocer que el contexto para evitarlo tiene un perfil poco propicio: el PIB llegará al -1,6%. Es decir, estaremos en recesión. Ya sucedió en los años 70 (con la crisis del petróleo), los 80 (que coincidió con la Transición política) y los 90 (tras los Juegos Olímpicos de Barcelona). De estas tres crisis, la economía española salió airosa. Y, además, lo hizo en poco tiempo, en 15 meses. ¿Se va a repetir esa secuencia de una crisis rápida? Es dudoso. Primero, porque España, por compartir el euro, juega en primera división pero sus estructuras de producción industrial y de servicios siguen poco adaptadas a la competitividad. Y segundo, porque las políticas que ha practicado hasta ahora el Gobierno, con más voluntad que acierto --como la polémica devolución de 400 euros del IRPF-- siguen sin calar en la economía real ni elevar la confianza de los consumidores.

El Gobierno asume que estamos ante un 2009 que será peor, en casi todo, que el 2008. El déficit público será superior al 3% (límite que tampoco cumplen los países más avanzados y económicamente más ortodoxos de la UE) y tendrá que emitir deuda pública en condiciones adversas. Pero si dentro de un año se sigue así y no se endereza la actual situación, estaremos ante la peor recesión en 30 años.