Los trabajadores españoles que conservaron su empleo el año pasado y que además pudieron negociar algún tipo de subida salarial en su empresa o sector --o sea, el colectivo más privilegiado de la población activa del país-- perdieron puntos de poder adquisitivo. En el caso de la media española, donde el coste de la vida subió el 2,9%, la pérdida de capacidad de gasto fue del 1,6. Es un proceso que ha venido arrastrándose desde que empezó la crisis y que va mermando los ingresos de las familias año tras año.

Tanto la patronal como el Gobierno se oponen a que la inflación siga utilizándose como índice de revalorización en los convenios colectivos y en la actualización de las pensiones; al menos, la inflación entendida como su índice general. El día a día demuestra, sin embargo, que esa preocupación no está justificada, primero porque el Ejecutivo mismo no la emplea para actualizar las jubilaciones, como se acaba de ver y como ocurrió el año anterior; y segundo porque, aun y empleando el IPC como referencia, los salarios quedan muy por debajo. El resultado final es que nuestra economía vive una devaluación vía reducción de costes salariales --sueldos más bajos y menos empleados-- para aumentar así su competitividad. En otros tiempos se hubiera hecho con la moneda, cosa que hoy es imposible porque está en manos del Banco Central Europeo (BCE).