La fórmula que el Gobierno y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han adoptado para poner fin al escándalo de las participaciones preferentes y otros productos financieros similares es cualquier cosa menos justa. Porque obliga a los bancos sanos a pagar parte del colosal despropósito de sus competidores más irresponsables, pero sobre todo porque implica la pérdida de gran parte o todo el dinero por centenares de miles de ahorradores que fueron engañados por su propia entidad. Las preferentes movieron en España 32.000 millones de euros. Desde finales del 2011, unos 24.000 millones han sido transferidos a productos más convencionales, en muchos casos con la contrapartida, por parte del cliente, de aceptar periodos de imposición más largos. Los 8.000 millones restantes están repartidos entre 300.000 personas, una cifra aún enorme. La vía del arbitraje se abrirá formalmente en abril y está llena de incógnitas sobre su eficacia. ¿Reparará algún día la justicia tanto mal causado a tanta gente?